La decisión de la entidad federal de control al Ejecutivo puertorriqueño, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), de reformar el sistema de pensiones de los empleados públicos afecta a buena parte de los jubilados de la isla, un nuevo golpe a uno de los colectivos más golpeados por la crisis.

El antiguo presidente de la Cámara baja puertorriqueña José Aponte señaló hoy que la decisión de la JSF de recortar las pensiones a los empleados públicos en un 10 % para el año 2020 es consecuencia de las malas políticas económicas del Ejecutivo de Alejandro García Padilla (2013-2017).

Aponte indicó a través de un comunicado que el actual Gobierno de Ricardo Rosselló tiene un compromiso con los empleados públicos de garantizarles una jubilación justa y que lo que aportaron durante su vida laboral esté disponible en el momento de su retiro.

El pasado viernes, la JSF celebró su novena reunión anual, cita en la que fue anunciada, entre otras medidas, la reducción de las pensiones como medida imprescindible para contar con unas finanzas públicas saneadas y presupuestos sin déficit durante los próximos años.

"Los sistemas de retiro de empleados -públicos- pronto agotarán los activos que usan para pagar beneficios. Si no se toma acción, esto podría llevar a grandes recortes de beneficios para todos los retirados que serían devastadores", dijo el miembro de la JSF y experto en sistemas de pensiones Andrew Biggs.

Aclaró que el recorte de las pensiones tiene como objetivo que el Gobierno pague los beneficios a los retirados tan pronto venzan, inscribir a los empleados activos y a los de nueva contratación en un sistema de retiro de contribución directa y, por último, asegurar que todos los empleados de nueva contratación estén inscritos en el Seguro Social.

Recordó que el plan fiscal certificado para Puerto Rico, documento guía para los presupuestos de la próxima década, establecía la posibilidad de una reducción en desembolsos de beneficios de pensiones del 10 % para el año 2020, para asegurar que los sistemas puedan cumplir sus obligaciones con todos los retirados.

Estas reducciones a los beneficios se implementarían de manera progresiva, con protecciones para asegurar que aquellos que se encuentran por debajo del nivel de pobreza no sean impactados por los ajustes.

La prensa local estima que la reforma de las pensiones en Puerto Rico puede afectar a tres de cada cuatro empleados públicos en la isla caribeña.

El problema reside en que el dinero que los gobiernos sacaban de los salarios de los empleados públicos destinado a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) fue utilizado para fines distintos a garantizar las pensiones futuras de los funcionarios y ya no está disponible.

El gobernador Rosselló dijo la pasada semana que los empleados públicos tienen garantizadas sus pensiones, aunque la decisión del viernes de la JSF deja en entredicho esa afirmación.

Está previsto que los recortes afecten a tres cuartos de los jubilados y que la cuantía de la bajada sea del 10 %.

Las reducciones tendrán una repercusión social y económica al afectar a un territorio en el que cerca de la mitad de la población se encuentra cerca del umbral de la pobreza y en uno de los peores momentos de una crisis que dura una década, agudiza desde que en 2015 el Gobierno local se declarara insolvente para pagar una deuda de 70.000 millones de dólares.

La JSF es una entidad resultado de una ley aprobada por el Congreso en Washington en 2016 para abordar el problema de una deuda de Puerto Rico.

EFE