El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico ha sancionado sin empleo y sueldo a un oficial y al sargento que supervisaba el pasado 4 de junio la cárcel de Ponce 1000 cuando se fugaron 5 presos, mientras que responsables del centro de Guayama han sido destituidos después de que un exoficial correccional se hiciera pasar por agente.

"El personal identificado como responsable de dicho suceso (del 4 de octubre) fue sancionado conforme los parámetros y el procedimiento establecido por el DCR para atender estas situaciones", informó el departamento en un comunicado.

El secretario de la agencia, Erik Rolón, informó que la determinación incluyó como medida disciplinaria la imposición de una suspensión de empleo y sueldo por 30 días laborables contra el sargento Alexis Irizarry Sepúlveda.

"En el momento en que se suscitó la evasión, éste fungía como el supervisor de turno, función que realizó de manera negligente", indicó el departamento en su nota informativa.

A su vez subrayó que se demostró que Irizarry Sepúlveda "no ejerció una supervisión efectiva del personal a su cargo, ni tomó las medidas necesarias a su alcance para evitar la evasión de los confinados".

Asimismo, en el suceso también estuvo involucrado el oficial correccional Japhett Eli Olivera Colón, quien también fue suspendido de empleo y sueldo por 15 días laborables, explicó el comunicado.

Como parte del procedimiento llevado a cabo por el DCR, conducente a la aclaración de los hechos, "se probó que éste incurrió en clara violación a las normas de seguridad omitiendo llevar a cabo una inspección y vigilancia cuidadosa de los confinados evadido".

"Se hubiera podido evitar la fuga si este oficial correccional hubiese actuado en cumplimiento estricto de las normas de seguridad establecidas", manifestó.

El titular de la agencia afirmó que las medidas disciplinarias tomadas "son una muestra adicional del compromiso inquebrantable que el DCR ostenta con el afianzamiento continuo de la seguridad pública".

"Es por esa razón que cualquier suceso que acarree la evasión de algún miembro de la población correccional, es y será investigado con el mayor rigor. Es nuestro deber procurar que estas situaciones no queden impunes, para de esta forma a su vez desincentivar futuras actuaciones negligentes por parte del personal de seguridad correspondiente", agregó.

Por último, opinó que no es "aceptable este tipo de actuación en un área tan sensitiva y esencial para el país como lo es el mantenimiento de su seguridad pública".

Sobre la fuga del pasado viernes en Guayama, donde una ex oficial correccional se hizo pasar por agente del NIE, el superintendente, comandante y director de seguridad del complejo fueron removidos inmediatamente de sus designaciones.

En cuanto a la fuga respecto a Reynaldo Ortiz Rodríguez, conocido como "El Chapo Boricua", un total de 14 empleados y funcionarios son objeto de procesos disciplinarios que están pendientes de resolución.