a dimisión hoy del abogado Elías Sánchez como representante del gobernador de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) genera dudas de si la misma se debió a un hipotético conflicto de intereses como causa, según la opinión de analistas políticos de la isla.

Éstos apuntaron a Efe que un supuesto conflicto de intereses pueda haber pesado en la dimisión anunciada hoy por Sánchez, hasta hoy representante del Gobierno ante la JSF, la entidad federal responsable del control al Ejecutivo de San Juan y la Asamblea legislativa de la isla.

El exgobernador de Puerto Rico y analista político Aníbal Acevedo Vilá (2005-2009) dijo a Efe que la renuncia de Sánchez puede estar relacionada con el hecho de que el abogado haya percibido una hipotética situación de conflicto de intereses.

Acevedo Vilá indicó que todo sería más claro si la pasada semana Sánchez hubiese hecho público, en su declaración de patrimonio ante la JSF, tal y como establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. (Promesa, por sus siglas en inglés), a quiénes asesora en materia legal él o sus socios.

El analista político Luis Pabón Roca recordó a Efe que Sánchez Sifonte no sometió la pasada semana los informes completos sobre su actividad privada, por lo que pudiera interpretarse que con su renuncia salva el tener que hacer público cuál es el origen de sus ingresos y quiénes son sus clientes como abogado.

Pabón Roca también dijo que otra hipótesis de la dimisión de Sánchez Sifonte es la difícil relación con la JSF, lo que habría llevado a que se pidiera otro interlocutor al Ejecutivo de Rosselló más afín a los postulados de la entidad de control federal.

La decisión del abogado, según el analista, podría responder también a la cercanía de una posible imposición por parte de la JSF de una reducción de jornada laboral para los empleados públicos, medida a la que se opone frontalmente el dimisionario.

Sánchez justificó en declaraciones al diario "El Nuevo Día" su dimisión por tratarse de un desempeño no remunerado que consumía un elevado porcentaje de su tiempo.

Para Sánchez, el grueso del trabajo para el que fue designado ya está hecho, ya que fue certificado el Plan Fiscal, documento base para la elaboración de los presupuestos de Puerto Rico, el primero de los cuales bajo la JSF está en marcha desde el pasado día 1 del presente mes.

El camino no ha sido fácil y los desencuentros con la JSF están ahí, como el que protagonizó hace unas semanas, cuando advertió a la entidad de control federal de que no cuenta con autoridad para exigir una reducción de jornada laboral de los empleados públicos como forma de conseguir unas finanzas públicas equilibradas.

Sobre ese episodio, Sánchez recordó que Promesa otorga facultades casi absolutas en lo relativo a la certificación del Plan Fiscal y el presupuesto, pero no así en el apartado legislativo.

Dejó claro que su dimisión nada tiene que ver con un supuesto conflicto de intereses, a pesar de que la pasada semana, al hacerse público un informe de la situación financiera de los miembros de la JSF, el abogado no aportará información relevante sobre su actividad laboral privada.

Sánchez sostuvo que no ha recibido ningún tipo de contraprestación por parte de acreedores del Gobierno de Puerto Rico.

Sobre la salida de Sánchez se pronunció Rosselló, quien se limitó a señalar que atendió situaciones muy complejas con gran destreza profesional.

El presidente de la JSF, José Carrión, dijo por su parte que Sánchez Sifonte "siempre estuvo disponible, comprometido y dedicado a representar con ahínco las posturas del gobernador".
Christian Sobrino, presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), ha sido la persona designada por Rosselló para sustituir a Sánchez.

Promesa fue aprobada en el Congreso después de que en agosto de 2015 el Gobierno que entonces lideraba Alejandro García Padilla incurriera en un primer impago a los acreedores, al que siguieron nuevos incumplimientos durante meses.

Puerto Rico no podía acogerse a la ley de bancarrota federal de EE.UU., lo que facilitó la aprobación de Promesa, una ley que incluye en su Título III un tipo de proceso de quiebra.

EFE