El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) favoreció en vista pública el Proyecto de la Cámara 709, que enmienda la Ley de Control de Acceso de 1987, para concederle a los consejos, juntas o asociaciones de residentes de urbanizaciones con acceso controlado la facultad para cobrar penalidades sobre cuotas adeudadas, correspondiente al 10 por ciento del total de la deuda.

La Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros, presidida por la representante Yashira Lebrón Rodríguez, inició el análisis de la pieza de su autoría y del representante Jorge Navarro Suárez, que también dispone que los propietarios u ocupantes que adeuden tres o más plazos consecutivos de cuotas, quedarán temporalmente privados de votar en las reuniones de residentes.

La subsecretaria del DACO, Carmen I. Salgado, representada por el licenciado Pedro Bello, favoreció la medida y recomendó que se consulte la posición de la Junta de Planificación, agencia que administra la referida ley. 

A preguntas de Lebrón Rodríguez, Bello sostuvo que este proceso de atender las querellas de las asociaciones por falta de pago de los residentes pueden ser atendidas por la agencia, ya que cuentan con la pericia y el andamiaje necesario para resolver estas disputas.

Ante ello, la legisladora manifestó que se propone "darle las herramientas y la facultad para trabajar estas querellas, luego que las asociaciones de residentes hayan agotado los medios de mediación en el que proponen un plan de pago”. 

A su vez, sostuvo que si el residente no cumple con el acuerdo se le radicará la querella ante el DACO, lo que ayuda a no llenar los Tribunales con este tipo de casos.

Mientras que el presidente de la Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso, Marco Rosado, apoyó el proyecto "ya que no existen mecanismos efectivos para ayudar a las asociaciones de residentes. En la actualidad, entre el 27 y el 30 por ciento de los residentes no cumplen con el pago de las mismas”.