Evalúan eliminar delitos menos graves del certificado de antecedentes penales
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La Comisión de Seguridad Pública, que preside el representante Félix Lasalle Toro, analiza el proyecto de la Cámara 623, con el fin de eliminar automáticamente del certificado de antecedentes penales que expide la Policía los delitos menos graves.

La medida se daría luego de seis meses desde que se cumpla la sentencia y si la persona no ha cometido ningún otro delito

Durante una audiencia pública de ayer, el representante Guillermo Miranda Rivera, autor de la medida, afirmó que con esta enmienda a la ley "dejamos de señalar a los exconfinados por haber cometido un error y le damos una oportunidad de poder echar hacia adelante y aportar al fisco, pero no solo pagando por un derecho de que le den un certificado, sino trabajando como el resto de los ciudadanos". 

Mientras, Lasalle Toro manifestó que "queremos darles las oportunidades a todas estas personas que quieren rehabilitarse. En los momentos que está atravesando nuestra isla, lo que tenemos que buscar es que la gente que se está rehabilitando, pueda salir a trabajar, que Puerto Rico tenga una actividad económica, no tan solo de parte del Gobierno, sino del recurso humano que somos todos los que vivimos aquí".

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Rolón Suárez, representado por el licenciado Irving Otero Narváez, apoyó la medida "por el impacto significativo y positivo que tendría en los exconfinados en la búsqueda de trabajo, el cual es uno de los componentes de la reinserción a la comunidad y base de la rehabilitación".

El funcionario informó que según datos del perfil de la población confinada, preparado por el DCR para 2015, el 29.29 por ciento de los 12,074 confinados evaluados había ingresado a prisión por haber cometido un solo delito, y del perfil de los delitos realizados, el 8.08 por ciento o 493 confinados, su primera infracción de la ley fue una de naturaleza menos grave, por lo que serían estos los principales beneficiarios de esta enmienda.

La superintendente de la Policía, Michelle Hernández, representada por la abogada Estrella Mar Vega, favoreció la iniciativa condicionado a que se enmiende al proyecto para que se cree un protocolo interagencial con la Administración de Tribunales, con el fin de elaborar un procedimiento mediante el cual se le remita a la Policía la copia de sentencia, de modo que puedan tener conocimiento de que se ha cumplido con los requisitos para que se le expida un certificado de antecedentes limpio.

A preguntas de los representantes, Vega señaló que en la actualidad existe un Sistema de Registro Criminal Integrado (RCI) en el que se guarda la sentencia de delitos menos graves y se alimenta de información suplida por la Administración de Tribunales y el Departamento de Justicia. Sin embargo, indicó que este sistema debe ser perfeccionado para tener la certeza de que el certificado que se expide es conforme a datos veraces.

La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced, representada por la licenciada Perla Iris Rivera Guardiola, recomendó una enmienda para que se establezca que esta eliminación de delitos solo aplicará a este documento y no así a los registros criminales que se mantienen en los Tribunales o en JUsticia, para efectos de elegibilidad.

Ello, porque aunque no contarían para efectos de reincidencia, serían utilizados como agravantes a la hora de dictar sentencia. 

Otra de las recomendaciones fue que esta enmienda se aplique luego de los seis meses de pagada la multa y en el caso de una sentencia de cárcel, a los ocho meses de cumplida la sentencia.

La presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Mercedes Peguero Moronta, favoreció el proyecto porque "promueve la búsqueda de empleo por parte del convicto sentenciado por delitos menos graves y lograría que su proceso de reinserción al mercado laboral sea más rápido y efectivo".INS