La Comisión de lo Jurídico, que preside la representante María Milagros Charbonier Laureano, inició este martes, el análisis de una medida bipartita que busca enmendar la Ley Medicinal del Cannabis con el fin de establecer nuevas normas protectoras en la que se prohíbe al patrono discriminar contra un paciente de cannabis medicinal.

El Proyecto de la Cámara 1197, de la autoría de los representantes Antonio "Tony” Soto Torres y Jesús Manuel Ortiz añade nuevos incisos a la Ley 42 de 2017, conocida como la "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (Ley MEDICINAL)” con el intención de considerar como una categoría protegida para propósitos de todas las leyes de protección en el empleo y que no pueda discriminar contra pacientes de cannabis medicinal debidamente registrados y autorizados.

Soto Torres dijo, que "este Proyecto trae justicia a la gente que ya, de una manera u otra, cobijada en el marco legal que existe en Puerto Rico, utilizan el cannabis medicinal para que no sean discriminados en la búsqueda de empleo”.

Asimismo, Ortiz González, coautor de la medida, expresó, que "con esta medida se le da una protección adicional a miles de personas que por condiciones de salud se ven obligadas o buscan una alternativa en este tipo de medicamento y que actualmente pueden ver su empleo afectado si en efecto tienen un resultado positivo”.

Rafael Rodríguez Mercado, secretario del Departamento de Salud (DS), endosó la medida y planteó que "el Proyecto viene a suplir una necesidad, ya reconocida en la reglamentación de proteger a aquellos empleados o potenciales empleados que hacen uso del cannabis, siempre y cuando el mismo sea conforme a una recomendación médica”.

Referente a la Oficina de Cannabis Medicinal, el secretario informó que dedica gran parte de sus esfuerzos a la expedición de las autorizaciones y licencias que establecen la Ley. Sostuvo, que "al día de hoy, cerca de 24 mil pacientes se han beneficiado de recibir medicamentos derivados del cannabis, según recetados por sus médicos”. 

En representación del secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra, la procuradora Nahomy Álamo Rivera, apoyó la pieza legislativa y explicó que, "el ordenamiento jurídico actual no ofrece garantías claras para que los empleados o candidatos a empleo que sean pacientes autorizados a utilizar cannabis medicinal”.

Añadió, que la Legislación "hace un balance justo entre la concesión de derechos a los trabajadores y preservar la discreción administrativa del patrono para mantener la buena marcha de su negocio. Eleva a categoría protegida a los pacientes debidamente autorizados al uso del cannabis para efectos de toda legislación protectora de empleo”.

Álamo, mencionó que la medida no requiere que el patrono conceda un acomodo razonable por razón del uso "legal” del cannabis medicinal y sugirió que se aclare la intención legislativa referente a que los patronos no estén obligados a ofrecer este tipo de acomodo.

De igual modo, Juan Torres Gluck, administrador auxiliar del área de tratamiento de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), avaló la medida y planteó a la Comisión que estar bajo el efecto de la sustancia al momento de su desempeño como empleado pudiera tener un resultado adverso”.

"Tengo preocupación, quiero estar clara con el marco legal para darle una posición adecuada al empleado… Que va a pasar con el paciente cuando requiera defenderse (Tribunal) y no lo pueda hacer porque es un campo ocupado por las leyes federales. Necesitamos trabajar este proyecto con mucho cuidado”, argumentó al también requerir la opinión del Departamento de Justicia”, indicó la presidenta de la Comisión.