El representante José González Mercado anunció la presentación de una medida que busca prohibir el que se interrumpan por falta de pago una serie de servicios esenciales para el pueblo tras el impacto de un huracán como María.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1272 que viabiliza la primera "Ley para Garantizar el Acceso a Servicios Esenciales en Situaciones de Emergencia", indicó hoy en un comunicado.

Esta iniciativa faculta al gobernador a garantizar la continuidad de los servicios de telefonía residencia, móvil o celular, internet, televisión por cable o cable televisión, energía eléctrica y de acueductos y alcantarillado en caso de declararse una emergencia en la isla, agregó.

"Grandes lecciones hemos recibido durante esta temporada de huracanes que aún no culmina. Entre estas, que es imposible estar totalmente preparados para un evento atmosférico de tal magnitud. Lo que podemos hacer es tomar medidas para limitar los daños que pueden ocasionar estos eventos", explicó.

A su vez, señaló que entiende que es "nuestra obligación facilitar las herramientas que ayuden a nuestros ciudadanos a estar lo mejor preparados posibles para este tipo de evento. Una de esas cosas es aliviar la carga en caso del impacto de un huracán. Por eso delineamos esta ley".

El también presidente de la Comisión de Asuntos Municipales añadió que "en la preparación para los eventos atmosféricos previsibles, como lo son los huracanes, en nuestra opinión resulta indispensable contar con servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y comunicaciones".

"Como legislatura, nos corresponde adoptar la política pública que garantice que los ciudadanos cuenten con estas herramientas en periodos de crisis. En consideración a lo antes expresado, se deben adoptar disposiciones que garanticen que tales servicios no sean interrumpidos durante la preparación para enfrentar estos eventos, así como después del mismo, durante el periodo de recuperación", agregó.
La prohibición comenzaría, aseguró, en el momento de anunciar el paso por Puerto Rico de una tormenta o huracán y la misma se extendería hasta que el Gobernador declare finalizado el periodo de emergencia.

"Cualquier comercio o entidad que viole las disposiciones contenidas en el proyecto de ley incurrirá en faltas administrativas y podrían ser multadas por el Departamentos de Asuntos del Consumidor (DACO) hasta con 5.000 por infracción", subrayó.

Por último, indicó que podrán "ser también procesados criminalmente y estarían sujetos a ser condenados a seis meses de cárcel y al pago de una multa de 500 dólares por infracción".