El portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, hizo un recuento de los desaciertos de la administración de Ricardo Rosselló Nevares en lo primeros cien días de gobierno. 

El representante indicó que esta administración se ha destacado por esconderse detrás de la Junta de Supervisión Fiscal, para tomar determinaciones que favorecen a los bonistas, a los "amigos y políticos derrotados” del PNP (Partido Nuevo Progresista), y atentar contra los más vulnerables "sacándoles más dinero de su bolsillo”.

Cruz Burgos aseguró que todos los impuestos, según el político 92 en total, "buscan poner sobre los hombros de los trabajadores puertorriqueños la mayor parte de la carga contributiva del país. Todas estas decisiones para garantizar el pago de la deuda, conllevará la pérdida de servicios esenciales en áreas tan sensitivas como la salud, educación y seguridad”.

"Si quieren hablar hoy de lo que han hecho en cien días, tienen que detallar los 92 impuestos que han aprobado, a pesar de que prometieron eliminar los supuestos 90 del pasado cuatrienio. En cien días se han perdido 15,000 empleos, y a pesar de que anunciaron que crearían 100,000 con las Alianzas Público Privadas, al día de hoy no han aprobado ni una. Lo que si legislaron fue una mal llamada reforma laboral que le quitó empleos a los trabajadores de la empresa privada”, sostuvo. 

Agregó que en la Universidad de Puerto Rico (UPR), "una de las pocas entidades sólidas y de prestigio en el país, han creado allí un verdadero caos intentando estrangular a nuestra primera institución educativa. Y nos impusieron una doble tributación del CRIM".

El legislador también censuró el que se le elimine los subsidios a los municipios, lo que 

Provocará la eliminación de servicios o el cobro de estos, un alza en las contribuciones municipales y el despido de empleados públicos en los pueblos. 

De igual forma, destacó que a pesar de la crisis fiscal que enfrenta la Isla, el PNP y Rosselló Nevares "nos han metido en un proceso de estatus, que además de gastar unos cinco millones, ya un grupo de senadores republicanos determinaron que la papeleta diseñada para este plebiscito es inconstitucional”.

Cruz Burgos acusó, asimismo, que la administración Rosselló Nevares pretende cerrar 300 escuelas, lo que atentará contra las comunidades más desventajadas. 

"El gobierno pretende que la crisis fiscal que vive el país, la paguen los más vulnerables. Este es el resultado de una administración insensible y sin un plan coherente para gobernar administrar en el peor momento económico de nuestra historia", indicó.