El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares anunció la noche del domingo que logró un acuerdo con la Junta de Control Fiscal (JCF), que entre otras cosas permitió que el organismo desistiera de eliminar el Bono de Navidad para los trabajadores del sector público y privado y de reducir los días de vacaciones y enfermedad para los empleados del sector privado.

"Hemos llegado a un entendido que, aunque no cumple con todo lo que considero debe estar pactado, evita un golpe irreversible a los sectores más vulnerables con los que mi administración está comprometida. Con sus defectos y sus virtudes, este entendido facilita que podamos salir adelante. Les pido su confianza. Ahora, junto a un agresivo plan de desarrollo económico y creación de empleos, vamos a sacar a Puerto Rico de esta etapa tan dura que hemos vivido”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

"Este Nuevo Plan Fiscal no es perfecto, pero ofrece resultados concretos en beneficios para nuestra gente, y nos permite entrar a las próximas fases con más certeza y menos conflicto. Estoy convencido de que este es el camino a seguir y le pido al pueblo que caminemos juntos esta ruta de progreso que nos espera”, sentenció el primer ejecutivo.

Este acuerdo se logró luego que se estableciera un diálogo permanente, propiciado por el gobernador. El acuerdo, que incluyó al liderato legislativo, asegurará además la puesta en vigor de un Nuevo Modelo Contributivo que reducirá las tasas contributivas a los trabajadores, establecerá un crédito por trabajo, reducirá al mismo tiempo el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de los alimentos preparados y eliminará el impuesto Business to Business (B2B).

Rosselló Nevares indicó que acordaron que se establecerá un fondo de ayuda municipal de 50 millones de dólares anuales y un fondo para la Universidad de Puerto Rico (UPR) de 25 millones de dólares anuales para becas. Los municipios además tendrán garantizado el fondo de 78 millones de dólares aprobado para este año.

También, el gobierno podrá asignar hasta 40 millones de dólares anuales adicionales para becas para estudiantes de la UPR utilizando pruebas de necesidad.

"Estos fondos adicionales que se asignen a la UPR bajo esta subsección reducen dólar por dólar la cantidad que el Gobierno gasta en implementación de reformas e iniciativas de desarrollo económico –que actualmente totalizan 345 millones de dólares– o pueden surgir de los ahorros de reducciones (rightsizing) de la Judicatura que en la actualidad totalizan 80 millones”, dijo el gobernador.

Agregó que al mismo tiempo, se da paso a reinversiones específicas en el área de educación para salarios del magisterio y libros de texto nuevos para el estudiantado. El gobierno podrá además invertir hasta un total de 345 millones de dólares en la implementación de reformas e iniciativas de desarrollo económico como: la reforma digital (CIO/PRITS), compras (Office of CFO), facilidad para hacer negocios (DDEC), CRRO, P3, y proyectos de infraestructura.

Asimismo, se dejarán sin efecto los recortes al presupuesto de la Oficina de Asuntos Federales, la Oficina de la comisionada residente y la Legislatura al tomar en cuenta la importancia que tienen estos entes en el momento histórico que vive Puerto Rico. Mientras, los recortes a la Judicatura se reducirán a la mitad, indicó el mandatario.  

"Se establece que, para incentivar el aumento de la fuerza laboral, los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que estén en condición apta y entre las edades de 18 a 59 años deberán estar sujetos a un requisito de empleo que será efectivo cuando el individuo reciba los beneficios por tres meses”, sostuvo Rosselló Nevares.   

Explicó que el requisito de empleo podrá satisfacerse con 80 horas mensuales de trabajo con paga, trabajo voluntario y/o entrenamiento o educación cualificada. La única excepción al requisito de empleo será para aquellos que no alcancen la edad de 18 años, que excedan la edad de 60, que tengan dependientes menores de 18 años o aquellos que sean certificados por un médico como no aptos para empleo.   

Por último, el primer ejecutivo adelantó que la Legislatura presentará un proyecto para derogar la Ley 80 del 30 de mayo de 1976 –Ley sobre despidos injustificados– en o antes del 27 de junio de 2018 y será efectivo en o antes del 1 de enero de 2019.   Este tipo de estatuto no está vigente en 49 estados de los Estados Unidos y solo el estado de Montana tiene una ley similar que es menos restrictiva que la local en Puerto Rico.

Con este cambio se asegura que no se afecten a cientos de miles de trabajadores con la eliminación del Bono de Navidad y la reducción de días de enfermedad y vacaciones.

El Plan Fiscal modificado asegura que no se afecte ninguna otra ley o reglamento que proteja al trabajador.  

"Nuestro compromiso es seguir siendo fiscalmente responsables, pero protegiendo a nuestra población más vulnerable como nuestros pensionados. Antes se pagaban las pensiones de los sistemas de retiro y ahora las tenemos que pagar del Fondo General. El acuerdo permite que destinemos en nuestro próximo presupuesto el 100 por ciento de las pensiones y asegurar su pago completo seguirá siendo nuestra política pública. En poco más de un año, hemos reducido cerca de 22 por ciento de los gastos operacionales del gobierno para poder asumir esta y otras responsabilidades”, sostuvo el primer mandatario.  

Rosselló Nevares agregó que espera que con el presupuesto presentado y el Nuevo Plan Fiscal se acabe la incertidumbre y se eviten litigios costosos para el pueblo y la recuperación económica de la isla.  

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