La Contraloría emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de la Superintendencia del Capitolio relacionadas al desarrollo de obras, restauración y reconstrucción de las oficinas legislativas y los alrededores del Capitolio.

Del 1 de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2012, se emitieron 3,111 órdenes de compra por 17.5 millones.

De éstas, los auditores examinaron 133 órdenes de compra por 2.7 millones.

La auditoría reveló que se consideraron cotizaciones falsas en la adjudicación de órdenes de compra a las corporaciones A y B –que pertenecían al mismo contratista- para realizar obras de construcción.

Además, se utilizó la modalidad de órdenes de compra de emergencia sin justificaciones, se emitieron 20 órdenes de compra cuyos costos se fraccionaron para obviar el requisito de celebrar subasta pública, se falsificaron firmas en las cotizaciones y algunos expedientes carecían de cotizaciones escritas, entre otros.

Al respecto, el 14 de agosto de 2015 el Departamento de Justicia sometió 23 cargos contra el exgerente de Servicios Administrativos, la excompradora y una exasistente de Servicios Administrativos por omisión en el cumplimiento del deber, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios  y enriquecimiento ilícito.

También presentó 32 cargos contra el presidente de las corporaciones A y B y su esposa, por falsificación de documentos, posesión y traspaso de documentos falsos, apropiación ilegal y fraude.

El 26 de agosto de 2016 se determinó causa para juicio contra todos los acusados por todos los cargos.

El expediente de los proyectos de construcción de la Superintendencia carecía de evidencia de los trabajos realizados y las certificaciones de los proyectos realizados contenían firmas falsas, según determinó el Examinador del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. 

Por esto y otras irregularidades, el 14 de agosto de 2015, el Departamento de Justicia sometió cuatro cargos contra el exgerente de Proyectos de Construcción por omisión en el cumplimiento del deber y 14 cargos contra el excoordinador de Proyectos.

El informe señala también que 16 empleados y tres funcionarios recibieron beneficios económicos por parte del contratista, como 13,800 dólares para la campaña electoral de un exfuncionario de la Superintendencia,  5,870 por servicios prestados por un familiar a las corporaciones A y B, 1,000 dólares por dar información, 6,750 como donativo para atender salud, 3,000 por la confección de pastelillos para actividades del presidente de las corporaciones A y B, entre otros.

"Esta situación lacera la imagen de la Superintendencia y pudo influir en las decisiones sobre el otorgamiento de las órdenes de compra y ejecución de obras”, afirma la auditoría.

En los comentarios especiales se destaca que las corporaciones A y B que se mencionan en los hallazgos no obtuvieron las pólizas de seguro de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, por lo que dejaron de pagar 133,073 dólares por dichos seguros.

La Superintendencia además tiene ocho demandas civiles presentadas del 2013 al 2015 por 65.1 millones por violación de derechos civiles, discriminación política, violación del debido proceso de ley y otras.

El informe cubre el período del 1 de julio de 2009 al 31 de octubre de 2015.INS