La Isla no puede darse el lujo de entronizar el fundamentalismo religioso en la Legislatura, expresó el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) ante el anuncio de que líderes fundamentalistas serán contratados en Cámara y Senado para atender asuntos comunitarios y de Código Civil.

"Las comunidades LGBT estamos listas para defender nuestros derechos y enfrentar el discrimen, aun cuando traten de disfrazar a nuestros agresores de funcionarios públicos", se reveló en declaraciones escritas.

" Pastor Ricky Rosado y Carlos Pérez son enemigos de la equidad y la justicia. En los pasados años ambos han sido figuras de liderato en los grupos que se han dedicado a perseguir y atacar defensores y defensoras de derechos humanos. Desde esos mismos grupos, han tratado de obstruir el avance del reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades LGBT y siempre lo han hecho levantando la bandera de sus creencias religiosas como fundamento para sus acciones", expresó, el Osvaldo Burgos, portavoz de CABE.

Rosado fue nombrado director de una recién creada Oficina de Base de Fe en la Legislatura y Carlos Pérez fue contratado como asesor por María Milagros Charbonier en la Cámara de Representantes para trabajar la reforma del Código Civil.

"¿Qué criterios se usaron para ambas contrataciones? La experiencia nos dice que esto se trata del pago de favores políticos. Tristemente este pago es demasiado alto para los derechos de las personas LGBT. Estamos diciendo que en términos prácticos, el acceso de organizaciones y personas LGBT al Senado y a los trámites de Código Civil en Cámara estará mediatizado por personas que harán todo lo posible por detener nuestras acciones y tendrán el poder para impulsar medidas discriminatorias, así como acceso a información estratégica que les permitirá sabotear cualquier posible adelanto a nivel legislativo", añadió Thomas Bryan, también portavoz de la coalición.

Señalaron que "el Código Civil estuvo años en un proceso de revisión serio y ya hay una propuesta en la que se intentó atemperar su contenido a la jurisprudencia estatal y federal y a las investigaciones más adelantadas en temas de familia y de otras áreas que también nos competen como personas LGBT".

Burgos dijo que "es un atraso, una desgracia, que ahora se pretenda retroceder siglos poniendo su revisión en manos del sector religioso. Nuestras comunidades no se quedarán de brazos cruzados porque sabemos que estos nombramientos nos pueden costar vidas valiosas y seres amados, pues las consecuencias de entronizar el discrimen en la esfera gubernamental es ampliar el nivel de violencia en las calles". INS