En votación unánime, el Senado aprobó ayer el Proyecto de la Cámara 1350, que propone consolidar las disposiciones anticorrupción de distintas leyes en un Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, con el propósito de recoger en un solo estatuto la política pública de cero tolerancia a la corrupción.

También permitiría fortalecer las herramientas para combatir la corrupción, ampliar las protecciones a las personas denunciantes de estos actos y elevar a rango de ley el Comité Interagencial Anticorrupción.

De acuerdo con el informe positivo de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado, la medida tiene cuatro objetivos principales.

Crear el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, que recogerá la política pública del gobierno en contra de la corrupción actualmente dispersa en múltiples leyes especiales.

Fortalecer las protecciones a las que tienen derecho los que denuncien actos de corrupción gubernamental.

Facilitar que el Estado sea resarcido por aquellos que con su conducta afectaron al erario público, mediante reclamaciones civiles y obtener compensación por el triple del daño causado al erario.

Además, excluir de los beneficios de la Ley de Sentencia Suspendida (probatoria) los delitos constitutivos de corrupción, que incluyen la apropiación ilegal de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito, el soborno y oferta de soborno, la influencia indebida y la malversación de fondos públicos.

Asimismo, se desprende del informe que para asegurar el cumplimiento y la debida implantación de esos objetivos, la medida propone además elevar a rango de ley el Comité Interagencial Anticorrupción, iniciativa de cooperación entre agencias de gobierno estatales y federales que por los pasados siete años ha sido liderada por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

En vista pública, la OEG, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Departamento de Justicia favorecieron la medida.

"La corrupción en el gobierno no debe ni puede ignorarse. Sus costos son inaceptables; socava la moral pública, erosiona la confianza en las instituciones y funcionarios, castiga el trabajo honrado y premia la ineficiencia, entorpece el funcionamiento adecuado de la economía, genera evasión contributiva y nos priva de importantes recursos, entre otros”, apunta el informe. INS