El presidente de la Legislatura Municipal de San Juan, Marco Antonio Rigau informó que sus integrantes aprobaron una resolución de rechazo al anuncio del cierre de escuelas del sistema de educación pública por parte de la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher y en específico de la Región de San Juan.  

"Las acciones unilaterales y poco participativas de política pública respecto al cierre de escuelas representan un atropello en contra de miles de estudiantes, padres y comunidades escolares. Esta Asamblea Municipal promueve el desarrollo de un ambiente educativo y social dirigido al aprovechamiento máximo del estudiantado de todo Puerto Rico y la transformación de nuestro sistema educativo en uno participativo e inclusivo que tome en consideración las particularidades de las comunidades donde están ubicados los planteles”, expresó Rigau en declaraciones escritas.

Indicó que la resolución fue aprobada sin votos en contra y con apoyo tripartita los integrantes de la Legislatura Municipal de San Juan. Asimismo, dijo que esta resolución es cónsona con la posición de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, oponiéndose al cierre de las escuelas en San Juan y en todo Puerto Rico.

Rigau precisó que la pieza legislativa indica que el cierre de planteles "podría poner en peligro el derecho a la educación que garantiza la Constitución de Puerto Rico; el acceso a educación pública gratuita y apropiada que garantiza la ley 51-1996 y la ley IDEA; el acceso de los estudiantes de educación especial al plantel más cercano a su casa; disminuye sustancialmente la oferta de escuelas apropiadas para los estudiantes…”.

Asimismo, indicó que la resolución establece que el plan de cierre "incrementa la posibilidad de hacinamiento de estudiantes en los salones; reduce la oferta de centros para ofrecer servicios relacionados a los estudiantes; podría implicar la destitución de maestros cualificados para ofrecer servicios a los estudiantes; aumento en la deserción escolar e implicaría una crasa violación a la Sentencia por Estipulación de 2002, del pleito de clase del caso de Rosa Lydia Vélez la cual impide reducción de recursos materiales y económicos sin consultar a la clase”.

"Reconocemos la disminución del número de estudiantes del Sistema Público del país, pero esta decisión debe ser una que se tome en consenso con la comunidad escolar, así como con las autoridades pertinentes”, concluyó Rigau.