l Senado aprobará hoy en su sesión ordinaria una resolución (58) para investigar posibles irregularidades en los ascensos en la Policía y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que, de lograr la información, podrían conducirlos a otros esquemas tangenciales, al menos en el DCR.

Y en esos esquemas tangenciales, la fiscalía federal ha estado investigando desde octubre de 2015.

La Resolución 58 expone que "en días recientes ha salido a luz pública un esquema escandaloso de ventas de rangos en la Policía Puerto Rico y en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Esto ha desencadenado en que la población se cuestione si realmente los rangos otorgados fueron por mérito propio o por el haber tomado un examen a tales fines o si, por el contrario, tuvo que mediar un pago para la otorgación del mismo”.

La Resolución va tras la confianza del país en sus instituciones de seguridad, indica.

En los últimos dos años se ha visto un deterioro en esa confianza pública cuando el entonces presidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló Borrás tuvo que renunciar a la dirigencia del cuerpo cuando no pudo afrontar el escándalo que se suscitó cuando tres de sus altos funcionarios fueron involucrados, y convictos, por actos de corrupción, junto a Anaudi Hernández, un contratista de la Cámara.

Este empresario era además miembro del comité de finanzas de la campaña de Perelló Borrás.

El empresario fue igualmente testigo de un donativo político de, según alegaciones, $45,000, que le hiciera Lutgardo Acevedo a Perelló, en una bolsa plástica transparente, luego de un paseo de los tres por las costas de Cabo Rojo antes de las elecciones de 2012. Acevedo es convicto estatal y federal por actos de corrupción, como sobornar a un juez.

Ese donativo nunca fue reportado a la Oficina del Contralor Electoral, lo que crea sospechas sobre cuál fue su propósito y destino.

Fue durante la investigación federal del amplio esquema de corrupción de Anaudi Hernández y funcionarios de la Cámara, la Administración de Desarrollo Laboral y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados cuando surgió ante el Gran Jurado las indagaciones sobre el DCR.

El 27 de octubre de 2015, el exsecretario de Corrección y Rehabilitación en esa misma administración pasada, José Aponte Carro, fue interrogado una y otra vez sobre ascensos en esa agencia durante el tiempo que la dirigió, muy brevemente en el 2015 –enero a septiembre- debido a que no fue confirmado por el Senado. Había sido el subsecretario desde el 2013. José Negrón fue el secretario anterior, quien renunció al cargo cuando no se materializó su aspiración a que se le designara juez asociado en el Tribunal Supremo criollo.

La Fiscalía Federal indagaba sobre la extensión de los contratos de Anaudi y si, a cambio de que este lograse el ascenso de oficiales de la institución, se le podría

favorecer indebidamente en los contratos.

A Aponte Carro se le advirtió de inmediato que la investigación era sobre extorsión, conspiración para delinquir, lavado de dinero, Ley RICO "y otros”.

También se le dijo que "usted no es un objetivo de investigación (tarjeta) en este momento en esta particular investigación” y que, por supuesto, tenía el derecho de guardar silencio.

No obstante, se le cuestionó reiteradamente a Aponte Carro quién lo seleccionó como subsecretario, si conocía a Anaudi y a Eder Ortiz, socio del empresario corrupto. Respondió que solo conocía a Ortiz, no a Anaudi. La Fiscalía federal le hizo saber a Aponte Carro que su número telefónico estaba entre la lista de contactos del teléfono celular de Anaudi.

Igualmente, Aponte Carro recibió un mensaje de texto de Lutgardo Acevedo, aunque no se conocían personalmente, dijo el primero. Cuando Aponte Carro le preguntó a Lutgardo quién le dio su número de teléfono celular, Lutgardo le habría dicho: "Alejandro me dio tu número para que te llamara”.

Se presumen que Lutgardo podría referirse al entonces gobernador Alejandro García Padilla. Acevedo buscaba tener un contrato de alquiler de un edificio en Moca.

Aunque el DCR no buscaba cambiar el cuadro telefónico, si buscaba un nuevo sistema de identificación electrónica, si bien recibieron propuestas para cambios en los teléfonos, equipo de radiocomunicación y hasta de biformes de presos.

Aponte Carro fue cuestionado repetidamente sobre el ascenso del alto oficial del DCR David Cruz.

El exsecretario sabía que Cruz era el presidente de los miembros del Partido Popular Democrático (entonces partido de gobierno) en la agencia.

Aponte Carro tuvo que aceptar, luego de darle largas a las preguntas del fiscal federal, que ayudó a promover a Cruz, sin embargo rechazó que hubiese seguid órdenes de La Fortaleza o Anaudi, con quien aparentemente se relacionaba a Cruz, según el curso de preguntas ante el Gran Jurado.

Aponte Carro fue uno de los beneficiados de entrar al palco de Anaudi en el Coliseo José Miguel Agrelot, en varias ocasiones. Allí se encontró igualmente con Luis Castro, entonces director de la Administración de Servicios Generales, quien renunció a su cargo antes de finalizar el cuatrienio, y el socio de Anaudi, Eder Ortiz, así como Sally López, exdirectora de ADL y convicta por su asociación delictiva con Anaudi.

Se le cuestionó a Aponte Carro si conocía que aceptar regalos externos, como las taquillas para entrar en el palco VIP de Anaudi, estaba prohibido por la ley, y este lo reconoció. Tampoco reportó a la Oficina de Etica Gubernamental (OEG) regalos de más de $250, como las entradas al palco.

A ninguna de estas personas que recibieron entrada gratuita no los ha investigado la OEG. Anaudi pagaba sobre $110,000 anuales por mantener ese palco en el Coliseo.

Sobre Cruz, la fiscalía federal le preguntó si conocía a la persona que lo acompañaba cuando tuvo un accidente en un vehículo oficial. Pero no sabía.

La última conversación que tuvo Aponte Carro con Cruz fue el mismo día que testificó el exsecretario ante el Gran Jurado.

La investigación senatorial podría encontrar estos y otros enlaces que investigan los federales. INS