Las organizaciones Amnistía Internacional Puerto Rico, Comuna Caribe, Movimiento Amplio de Mujeres, Educando y la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora rechazaron enérgicamente las acciones conducentes a reabrir por la fuerza los portones del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La presidenta interina de la Universidad, Nivia Fernández, solicitó ayer al tribunal que emita un mandamus a la superintendente de la Policía, comandante Michelle Hernández, ordenándole que active a la Policía para abrir los portones a la fuerza. La jueza, a su vez, ordenó a la presidenta de la UPR a abrir los portones hoy no más tarde de las 2:00 PM. 

"En la madrugada de hoy, medios de prensa indican que se ha contratado un cuerpo de seguridad privada para cumplir con la orden de la jueza. Es sumamente preocupante que un grupo de seguridad privada, que no tiene que rendirle cuentas al pueblo, sea la encargada de abrir los portones universitarios”, señalaron en declaraciones escritas.

Advierten asimismo que "cualquiera de estas órdenes es completamente innecesaria y afecta profundamente el curso de un proceso de diálogo constructivo y democrático que se ha estado dando entre el estudiantado y la administración”. 

Agregan que afortunadamente, "hasta el momento la superintendente se ha mantenido firme en que no activará a la Policía para forzar la entrada y ha expresado consistentemente que la Uniformada tiene órdenes de no intervenir o de hacerlo sin entrar en confrontación”.

Sin embargo, "observadores y negociadores han manifestado situaciones donde funcionarios de la Policía han actuado de forma hostil, provocadora e intimidante. Además, han denunciado que los funcionarios a cargo han evadido su responsabilidad de negociar para evitar situaciones de confrontación entre la Policía y las personas que están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión”.

"Así como el Primero de Mayo, el gobernador  informó que como comandante en jefe había asumido todas las decisiones con respecto a la Policía, lo hacemos responsable hoy de cualquier desgracia que pudiera ocurrir de ser forzada la entrada de forma violenta al Recinto de Río Piedras”, advierten las organizaciones firmantes.

Concluyen que "se debe garantizar la seguridad a los estudiantes que se encuentran ejerciendo válidamente sus derechos y ofrecer el apoyo necesario para poder concluir el proceso de diálogo constructivo ya iniciado”. INS