El sindicato Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico advirtió hoy a la Junta de Supervisión Fiscal, la entidad de control al Ejecutivo, de que no aceptará ninguna imposición de reducción de jornada para los empleados públicos.

El sindicato, que representa a 13.000 empleados públicos en diez agencias gubernamentales, dio a conocer a través de un comunicado que una reducción de jornada significaría un impacto nefasto en la estabilidad económica de las familias trabajadores que actualmente sobreviven cheque a cheque.

"La Junta de Control Fiscal, en su afán de favorecer a los fondos buitres, no está viendo el panorama completo y sus propuestas van encaminadas a lacerar aún más a nuestra débil economía y a empobrecer a la clase trabajadora del país", señaló Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico.

La líder sindical subrayó que un recorte de jornada significa un recorte salarial, lo que a su vez implica perder capacidad de cubrir necesidades básicas.

"No podremos pagar el servicio de agua, luz, hipoteca, salud, comida y pagar nuestras deudas. Nosotros no podemos permitir esto", sentenció.

González recordó que los empleados públicos mensualmente aportan al fisco a través del pago de las contribuciones y una reducción también implicará una reducción en la entrada de dinero al fondo general.

"Esta medida tiene un efecto dominó tan dramático que todas las estructuras económicas y sociales de nuestro país se afectarán.

La Junta de Control Fiscal la responsabilidad de ir al Congreso y buscar alternativas de crecimiento económico que nos ayude a salir del hoyo fiscal en donde nos encontramos y no de hundir más al país", explicó la líder sindical.

EFE