La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, anunció que hoy el Negociado Especial de Investigaciones (NIE) arrestó a tres oficiales correccionales y a un médico que prestaba servicio al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) por introducir material de contrabando a instituciones penales, específicamente teléfonos celulares y sustancias controladas.

El juez Rafael Antonio Ramos Sáenz, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, encontró causa para arresto contra los cuatro imputados, fijando una fianza global de 2.3 millones.

Los imputados, que hoy fueron arrestados, son Juan Figueroa Hernández y Alfonso Pellot López de la Institución Guerrero, en Aguadilla; Edwin Cintrón Gandía de la Institución Sabana Hoyos, en Arecibo; y el médico Narciso Reyes Carrillo, quien trabajaba por contrato en el Centro Médico Correccional de Bayamón.

A los oficiales correccionales se les impuso fianza de 350,000 a cada uno al enfrentar un total de siete cargos por artículo 259 del Código Penal por Soborno, 277 del Código Penal por Posesión e Introducción de Objetos a un Establecimiento Penal, tres (d) de la Ley Contra el Crimen Organizado por dedicarse o participar de un patrón de crimen organizado y por el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental por ser servidores públicos que utilizaron sus deberes y facultades de su cargo para obtener directamente beneficio para ellos mismos.

El médico generalista Reyes Carrillo enfrenta cinco cargos por violar el artículo 277 del Código Penal, el tres (d) de la Ley Contra el Crimen Organizado y el 406 de la Ley de Sustancias Controladas bajo su modalidad de tentativa.

La fianza impuesta fue de 1,250,000 dólares.

"Los servidores públicos deben servir y velar por el bienestar del pueblo. En este caso, estos mal llamados funcionarios y profesionales que se suponía velaran por el bienestar del país, se aprovecharon de sus posiciones para lucrarse, fallarle al pueblo de Puerto Rico, mientras ponían en riesgo la vida y seguridad del personal de las instituciones donde laboraban. De igual manera ayudaban a la comisión de delitos a través de los celulares hacia el exterior de la institución”, manifestó la titular de Justicia.

Agregó que "este operativo forma parte de la lucha y los esfuerzos de esta administración contra la corrupción y lleva el claro mensaje de que hay que cumplir con las leyes. De no ser así, serán investigados, procesados y acusados porque no hay espacio para la impunidad”.

El secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón Suárez, adelantó que "este es tan solo el inicio de una serie de operativos e investigaciones que estamos realizando, tanto con el Departamento de Justicia local como con agencias federales”.INS