Siete policías fueron acusados el lunes, en cuatro cargos federales por su supuesta participación en actos criminales, anunció la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

"Cuando no hay diferencia entre un oficial de la policía y un traficante de drogas, todos sufrimos. Es por esto que la oficina del fiscal federal y nuestros aliados de seguridad estamos determinados a eliminar de su raíz la corrupción. Cuando sea y como sea", dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

"Los cargos de hoy representan una grave violación del juramento tomado por estos agentes. Afortunadamente, los acusados representan sólo un pequeño porcentaje de los valientes hombres y mujeres del Departamento de Policía de Puerto Rico, que sólo sirven para proteger a los ciudadanos. De hecho, los continuos esfuerzos del FBI para limpiar la corrupción y violaciónes de los derechos civiles ha recibido la total cooperación del liderato de la Policía de Puerto Rico”, declaró Douglas Leff, director del FBI de Puerto Rico.

La primera acusación, regresó el 18 de mayo 2018 un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico, incluye 13 cargos de actos de corrupción en contra de los siguientes oficiales de policía asignados al Caguas Unidad de Drogas: Eidderf Jhave Ramos Ortiz, también conocido como "Baby; ”Juan Carlos Ortiz Vázquez, alias‘ Juan C.; Rodríguez Cruz; y Eric Velázquez Martínez.

Eidderf Jhave Ramos Ortiz se enfrenta a 11 cargos por posesión con intención de distribuir marihuana en el ejercicio de las armas de fuego. El acusado Juan Carlos Ortiz Vázquez se enfrenta a seis cargos por posesión con intención de distribuir marihuana en el ejercicio de las armas de fuego. Los acusados Rodríguez Cruz y Eric Velázquez Martínez se enfrentan a un cargo por posesión con intención de distribuir marihuana y un cargo por portar un arma de fuego durante y en relación con un delito el tráfico de drogas. Si es hallado culpable, todos los acusados se enfrentan a hasta cinco años para los cargos de marihuana y hasta cadena perpetua por los cargos de armas de fuego.

La segunda acusación contra José García Hernández por posesión con intención de distribuir cantidades detectables de marihuana en el municipio de Vega Baja. También está acusado de posesión de armas de fuego en cumplimiento de un delito de tráfico de drogas. García Hernández se enfrenta a cinco años para el recuento de marihuana y hasta cadena perpetua por la violación recuento de arma de fuego.

La tercera acusación formal, acusa a José de Jesús Rivera, alias "El Mudo” de posesión con intención de distribuir cantidades detectables de Tramadol, una sustancia controlada de fármacos de la Lista IV. El 25 de abril de 2016 en el municipio de Vega Baja, De Jesús Rivera supuestamente llevó armas de fuego durante y en relación con un delito el tráfico de drogas como acusado en el primer conteo. Este acusado también está acusado de posesión con intención de distribuir Tramadol a 1,000 pies de los Álvarez Rodríguez Escuela Brígida en Vega Baja. De Jesús Rivera se enfrenta a 20 años para el recuento de tramadol y hasta cadena perpetua por la violación recuento de arma de fuego.

La cuarta acusación formal acusa a Marcelino Pérez De Jesús de dos cargos para la venta de un arma de fuego y municiones a una persona prohibida. En o alrededor del 5 de julio de, 2016, Pérez-De Jesús a sabiendas vendió una pistola 9 milímetros Smith & Wesson calibre a un delincuente. El 20 de julio de 2017, el acusado vendió 50 cartuchos de munición calibre .40 y dos revistas Glock calibre .40 a un delincuente. La pena máxima se enfrenta a Pérez-De Jesús es de hasta 10 años de prisión.

Los casos están siendo investigados por la División de San Juan del FBI y procesados por fiscales adjuntos José Contreras, Teresa Zapata Valladares, y Nicholas Cannon.

CN