La Universidad de Puerto Rico (UPR) presentó anoche por vía electrónica una solicitud de auto de mandamus contra la Policía, por conducto de su superintendente, Michelle Hernández de Fraley, y el Estado Libre de Asociado de Puerto Rico, por conducto de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, para reabrir el recinto de Río Piedras. 

"Desde el 11 de mayo al presente, la UPR se ha visto imposibilitada de reabrir y restablecer las operaciones académicas en el recinto de Río Piedras, de acuerdo a la orden de mandamus e injunction preliminar emitida por el Tribunal de Apelaciones el 5 de mayo”, indica en un escrito Nivia A. Fernández Hernández, presidenta interina de la UPR.

Añade que "los estudiantes han continuado en paro a pesar de la orden judicial y nos hemos visto imposibilitados de reabrir el recinto sin poner en riesgo la seguridad personal y de la propiedad”.

Para Fernández Hernández, la mesa de diálogo institucional "tampoco logró reabrir de manera pacífica los portones para retomar las operaciones académicas y administrativas hoy, a pesar de que se alcanzaron unos preacuerdos que fueron anunciados públicamente el sábado 20 de mayo y que esa misma noche fueron rechazados por los plenos de los estudiantes en paro”.

Por lo tanto, y "agotados todos los recursos, ayer domingo se radicó este mandamus contra la Policía de Puerto Rico”, explicó Fernández.

El recurso legal solicita que se obligue a la superintendente a "cumplir su deber ministerial de proteger a las personas y a la propiedad de la UPR, mantener y conservar el orden público y compeler la obediencia de las leyes, mediante la utilización de todos los recursos disponibles para ejecutar la orden de mandamus e injunction preliminar emitida por el Tribunal de Apelaciones”. 

La UPR explica que a pesar de que la Policía es el organismo público compelido por su ley orgánica a proteger la propiedad, mantener y conservar el orden público, prevenir y perseguir el delito y compeler la obediencia a las leyes, "el cuerpo ha indicado que no le compete participar en la ejecución de la orden de mandamus e injunction preliminar emitida por el Tribunal de Apelaciones”.

La orden fue a los efectos de restablecer el acceso al recinto de Río Piedras y las labores educativas en el mismo; garantizar que se permitiera el libre y seguro acceso al mismo, sus instalaciones, edificios y salones de clase, y realizar cualquier otro acto necesario para cumplir cabalmente con lo ordenado por los tribunales.

Indica que la UPR no cuenta con poder coactivo alguno para forzar a quienes están impidiendo el acceso al recinto de Río Piedras a cumplir con lo ordenado por el Tribunal "ya que la división de Seguridad y Manejo de Riesgos, comúnmente conocida como ‘la guardia universitaria’, no cuenta con el adiestramiento ni con el equipo necesario para manejar este tipo de situación”.

La institución establece que "ha agotado todos los mecanismos a su haber para abrir los portones del recinto de Río Piedras”, incluyendo repetidas gestiones de conciliación y diálogo con los representantes estudiantiles, "que han sido infructuosas”. 

"Es necesario recalcar que la UPR ha estado impedida de actuar efectivamente para poder hacer valer la orden del Tribunal y que no ha habido intención de incumplir”, concluye el escrito.