El juez Rafael Taboas, del Tribunal de San Juan, postergó la vista preliminar del caso de la exsenadora del Partido Popular Democrático (PPD), Mari Tere González, acusada de 13 cargos por violar Ley de Ética y Código Penal.

Taboas determinó también que se celebre una vista de estatus el 21 de abril próximo, a las 8:30 de la mañana.

La determinación del juez se debió a que la defensa de González -quien estuvo hoy presente en el Centro Judicial- se debió a que el abogado de la exlegisladora solicitó acceso a a transcripción del juicio contra el exrecaudador del PPD, el convicto Anaudi Hernández Pérez, principal testigo del caso.

El licenciado Juspeh Lamboy, abogado de la exsenadora, dijo que su petición "es importante para el proceso”, mientras que González dijo estar "en paz, tranquila, con la familia y la frente en alto”.

Los cargos contra la exsenadora, presentados por los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza y Leticia Pabón Ortiz, incluyen violaciones a los artículos 269, 212 y 217 del Código Penal y el 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental.

Durante un juicio federal por un esquema de corrupción entre empresarios privados y funcionarios de gobierno, surgió que la senadora González recibió un donativo de 2,000 dólares del convicto empresario Anaudi Hernández, que nunca fue reportado a la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

Igualmente surgieron otros señalamientos de regalos y dádivas que tampoco fueron reportados y que cuestionaron la pureza de las acciones legislativas de la senadora, quien cabildeó por el nombramiento a un puesto de gobierno de una de las personas que fue acusada en el caso, Sally López, también relacionada con el esquema de Hernández, quien fuera recaudador del PPD.

López, según dijo en la corte Hernández, era importante en sus planes de hacerse dinero de manera fraudulenta.

En su testimonio en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, la senadora se acogió a su derecho a no autoincriminarse en varias preguntas.

Luego de eso, la parlamentaria decidió retirar su candidatura a la reelección por el distrito de Mayagüez, aunque no dejó su escaño, a pesar de reclamos en ese sentido, que ejerció hasta fines de año.

Cuando llegó al Senado, González reclutó como empleado a Josué Arocho Hernández, primo hermano del ahora convicto Hernández, quien es además el esposo de una sobrina del gobernador Alejandro García Padilla.

Arocho entró a trabajar en el Senado inmediatamente que González juramentó a su puesto en enero de 2013.

Según informes de prensa, el exempresario Hernández premió a la senadora pagándole deudas de campaña política, dándole aportaciones y proveyéndole un apartamento, entre otras dádivas.