"Se ordena a la Iglesia Católica Apostólica y Romana en Puerto Rico que inmediatamente proceda a continuar con la emisión a los pagos de los demandantes conforme el Plan de Pensiones. De igual modo, se ordena, como medida provisional y hasta que el Tribunal disponga lo contrario, que ésta cumpla con lo ordenado por el Tribunal de Primera Instancia en la Resolución del 16 de marzo de 2018 y en la orden del 26 de marzo del mismo año”, reza la resolución de tres páginas fechada al 24 de mayo.

Así las cosas, la iglesia católica deberá seguir pagando las pensiones a los educadores retirados.

"Examinada la Moción Informativa presentada por el Fideicomiso Plan de Pensiones para Empleados de Escuelas Católicas y demás mociones presentadas el día de hoy en cumplimiento con la Orden emitida en la Resolución certificada el pasado 23 de mayo, declaramos no ha lugar las mociones de desestimación presentadas”, indica el escrito.

De otra parte, el dictamen del TSPR concedió un plazo de 10 días para que los recurridos muestren causa por la que el máximo foro judicial no debe revocar la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones que paralizó el pago de pensiones. Además, ordena a la Iglesia Católica Apostólica y Romana que se cumpla con el embargo que el juez Cuevas Ramos ordenó el pasado 26 de marzo y restablece la orden del 16 de marzo para que se continúe el pago de las pensiones.

Los jueces asociados Ángel Colón y Anabel Rodríguez disintieron de la decisión bajo el argumento de que el TSPR no tiene jurisdicción y que se le debe dar el espacio Tribunal Apelativo para que decida. La jueza presidenta, Maite Oronoz no intervino.

El foro intermedio había determinado que la Iglesia Católica Apostólica y Romana no existe como tal y que el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves no es el máximo jerarca de la iglesia católica, por lo que el pago de las pensiones corresponde al líder religioso y no a todas las diócesis, pues éstas son autónomas.

Previamente, el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas Ramos había ordenado el embargo de las cuentas y bienes de la iglesia como garantía para el pago de cerca de 4.7 millones de dólares conforme al Plan de Pensiones.

CN