La administración de Obama ha decidido hacer una arriesgada apuesta política con respecto a Puerto Rico, sin llegar a hacer un rescate total de la adeudada isla pero sí proponiendo medidas que, según los que las apoyan, evitarían que el estado libre asociado se convierta en la Grecia de América.

Altos funcionarios de la administración dijeron que la isla ya se había quedado sin efectivo y que había gastado entre el 35 y el 40 por ciento de sus ingresos por concepto de impuestos cubriendo los pagos de sus bonos.

"La situación en Puerto Rico es urgente”, dijo un funcionario de la administración. "Sin crecimiento económico no hay salida”.

El plan fue informado en la tarde del miércoles a The New York Times y El Nuevo Día. El mismo día, el Banco Gubernamental de Fomento de la isla dijo que había concluido semanas de negociaciones infructuosas con acreedores que se proponían persuadirlos de que aceptaran voluntariamente pagos de bonos más bajos para evitar grandes recortes en los servicios a los residentes de la isla.

El plan, gran parte del cual tendrá que ser aprobado por el Congreso, brindaría a la isla una forma de protección de bancarrota que en estos momentos no está disponible para los territorios de EEUU. Eso daría a Puerto Rico una oportunidad para reestructurar su deuda de $72,000 millones, la cual afirma que no tiene esperanzas de pagar.

El plan implica lo que podría llegar a ser un nuevo capítulo de ley de bancarrota, al menos para Puerto Rico y otros territorios estadounidenses.

En una concesión a los republicanos del Congreso, quienes se han resistido incluso a alivios de deuda menores para la isla, la administración pedirá asimismo a los legisladores que establezcan un cuerpo independiente para verificar los asuntos fiscales de la isla.

El conjunto de medidas aumentaría ciertos desembolsos federales de salud y extendería créditos fiscales ya existentes para los residentes de Puerto Rico, poniéndolos a la par de lo que reciben los residentes del área continental de Estados Unidos. Además, permitiría a los puertorriqueños reclamar el crédito fiscal federal sobre los ingresos.

Al mismo tiempo, daría a Puerto Rico autoridad extraordinaria para eliminar deuda bajo supervisión congresual. Las medidas no llegan a ser un rescate completo de la adeudada isla, pero sí propone algunas medidas ambiciosas.

Las mismas serán presentadas el jueves a la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado, el cual tiene jurisdicción sobre todos los territorios de EEUU. La misma está dirigida por la senadora Lisa Murkowski, republicana de Alaska, que fue un territorio hasta 1959, cuando se convirtió en el estado 49.

En este momento a Puerto Rico se le prohíbe buscar alivio a través del Capítulo 9, el tipo de bancarrota que usan los gobiernos municipales. La administración quiere cambiar eso para que Puerto Rico pueda reestructurar la mayor parte, si no toda, su deuda gubernamental de $72,000 millones bajo protección judicial, una forma de alivio mucho más audaz que los proyectos de ley de bancarrota que el Congreso ha estado considerando desde que comenzó la crisis de la deuda de la isla.

Una medida de bancarrota daría además un alivio a Puerto Rico que no está disponible para ninguno de los 50 estados. Las leyes federales permiten actualmente a las ciudades, los condados, los distritos especiales y otros municipios pedir protección bajo bancarrota si sus estados están de acuerdo, pero los estados mismos están excluidos. Existen preocupaciones de que si Puerto Rico consiguiera acceso a la bancarrota, estados con problemas fiscales como Illinois tratarian de seguir su ejemplo.

Pero es poco probable que los republicanos que controlan el Congreso acepten una propuesta de tipo súper Capítulo 9 que muchos conservadores fiscales y acreedores consideran un rescate de la atribulada isla.

Acreedores afirman que el gobierno de la isla se ha estado esforzando por retratar la situación fiscal de Puerto Rico como irreparable para obligar a la administración y al Congreso a tomar medidas. El miércoles, Puerto Rico tomó la inusual medida de anunciar que las conversaciones sobre la reestructuración de alrededor de $750 millones de la deuda de la isla habían sido suspendidas, una medida que algunos acreedores consideran una pose para ganarse el apoyo de Washington.

La legislación presentada hasta el momento haría disponible el alivio de bancarrota solamente a las empresas gubernamentales de Puerto Rico, como su compañía de electricidad o su autoridad de agua y alcantarillado, y no al gobierno mismo. Pero incluso esos proyectos de ley limitados no han recibido apoyo alguno de parte de los legisladores republicanos.

Existe cierta disposición, en particular de parte de los republicanos del Senado, de llegar a un compromiso en el tema de la bancarrota, según una persona enterada. Pero los líderes republicanos de las cámaras preferirían conceder acceso a Puerto Rico a los tribunales de bancarrota sólo de modo limitado, y sólo con restricciones como la imposición de una "junta de control” federal para supervisar las finanzas de la isla.

Las juntas de control han sido usadas en casos de grandes apuros municipales para quitar el poder de gastar fondos públicos de las manos de los funcionarios electos. Las mismas no tienen por lo general el poder de los jueces de bancarrota para abrogar contratos, como contratos de trabajo y promesas de pago de deudas.

Tanto demócratas como republicanos están bajo presión para responder a la crisis de Puerto Rico. En gran medida debido a los problemas económicos de la isla, los puertorriqueños están inundando los Estados Unidos, en particular en el área central de la Florida, y se han convertido en un bloque de votantes de creciente importancia para las elecciones presidenciales del 2016.