Aplauden sanciones impuestas a Bancrédito

La Comisionada de Instituciones Financieras, licenciada Natalia  Zequeira Díaz, aplaudió este viernes la sanción impuesta por la Red de Cumplimiento contra Crímenes Financieros a Bancrédito International Bank & Trust Corporation por infringir la Ley de Secreto Bancario y normativas anti-lavado de dinero.

"Los esfuerzos llevados a cabo por la OCIF demuestran nuestro compromiso con proteger la solidez del sistema financiero de Puerto Rico”, afirmó Zequeira Díaz en declaraciones escritas.

Explicó que Bancrédito incurrió en múltiples violaciones entre octubre de 2015 y mayo de 2022, incluyendo la omisión de presentar Informes de Actividades Sospechosas ante la Red de Cumplimiento contra Crímenes Financieros, y la falta de un programa de debida diligencia para las cuentas corresponsales.

Desde agosto de 2022, la OCIF inició el proceso de liquidación voluntaria de Bancrédito bajo supervisión de un administrador independiente, lo que luego derivó en un síndico designado por la OCIF. Este proceso tuvo como objetivo la liquidación ordenada del banco y el cese de sus operaciones en Puerto Rico.

"La desafortunada experiencia con Bancrédito destaca la necesidad de aprobar rápidamente la legislación propuesta por el Gobernador para fortalecer la supervisión de bancos y entidades financieras internacionales”, mencionó la comisionada Zequeira, subrayando la importancia de fomentar una operación sólida y responsable que beneficie la economía de la isla.

La acción tomada contra Bancrédito es la primera de su tipo realizada por la Red de Cumplimiento contra Crímenes Financieros en Puerto Rico, marcando un hito significativo en la regulación financiera de la isla. Este suceso reafirma el compromiso de la OCIF con la protección del sistema financiero de Puerto Rico y su reputación, promoviendo un ambiente económico seguro y confiable para todos los puertorriqueños.

Esta sanción se produce después de varios esfuerzos por parte de la OCIF para garantizar el cumplimiento de las normativas financieras vigentes, como una forma de prevenir actividades ilícitas y proteger los intereses de los depositantes en la región.