Sesiona la junta de control fiscal en Fajardo en medio de operativo de seguridad por protesta
Los siete integrantes de la junta de control fiscal impuesta al gobierno puertorriqueño mediante la legislación Promesa, se reúnen hoy por primera vez en Puerto Rico, teniendo como escenario el hotel El Conquistador, en Fajardo, bajo un amplio operativo de seguridad, que incluye a unos 500 policías uniformados y de civil.
Las medidas están dirigidas a resguardar la lujosa hospedería, para seguridad de los integrantes del organismo federal que persigue garantizar que Puerto Rico cumpla con los acreedores de su deuda pública superior a los 68 mil millones de dólares, a la vez que se contemple una reorganización de sus finanzas en medio de una crisis fiscal que tiene al gobierno en la insolvencia.
En respuesta a la reunión de la junta de control fiscal, pautada para las 8:30 de la mañana bajo la presidencia de José Carrión, diversas organizaciones políticas y sindicales han respondido al llamamiento del Campamento contra la Junta de Control Fiscal, levantado frente al edificio federal en Hato Rey, para realizar una "manifestación contundente” frente al hotel El Conquistador.
La portavoz del Campamento, Shelimar Velázquez, expresó que los integrantes de la junta, que escucharán a diversos exponentes incluidos los representantes de la y la firma Conway MacKenzie que hablará sobre la solvencia del gobierno puertorriqueño, escogieron en hotel de Fajardo porque "sienten que ese es un lugar seguro”.
"Sienten que ese es un lugar donde pueden garantizar que la reunión se dé de la manera más pausada posible”, manifestó Velázquez.
La Policía de Puerto Rico ha advertido que los manifestantes que intenten penetrar a los terrenos de la hospedería serán arrestados.
Contrario a lo que en principio se esperaba, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, no asistirá a este primer encuentro del organismo en la isla, mientras que el gobernador electo, Ricardo Rosselló Nevares, comparecerá en calidad de oyente.
La Coalición Sindical, que preside Pedro Irene Maymí, el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) han expresado que formarán parte de la manifestación con el organismo impuesto por la legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico aprobada por el gobierno de Estados Unidos.
El excandidato a la gobernación por el PPT, Rafael Bernabe, manifestó que no se espera una multitudinaria comparecencia de manifestantes, como la que se produjo el 14 de julio de 1996 en ese escenario de El Conquistador, cuando se celebró una reunión de gobernadores de Estados Unidos.
Aclaró que aquella protesta, denominada La Nación en Marcha, tomó meses en su perparación, mientras que esta vez se ha convocado en apenas cuatro días.
Además, está la particularidad de que en muchos municipios del país, incluido Fajardo, está lloviendo desde la víspera.
"La ley Promesa le establece una agenda muy clara a la junta y una meta perversa contra Puerto Rico: pagarle a los bonistas y a los fondos buitres con los recursos y presupuesto del gobierno de Puerto Rico”, afirmó el copresidente del MINH, Héctor Pesquera Sevillano, que ha respondido a la convocatoria.
Para el presidente del MINH la designación por el presidente de Estados Unidos de los siete miembros de la junta, constituye un acto dictatorial que atenta contra los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.
"Nuestro pueblo tiene el derecho, así como la obligación, de combatir con todos los recursos a su alcance esta Junta extranjera que viene a empobrecernos aún más y a llevarse hasta los clavos de la cruz”, dijo.
La portavoz PPT, Mariana Nogales, expresó que en la reunión "se tomarán decisiones que nos afectan como país, por un organismo no electo por el pueblo resulta indignante que se establezca una política de puertas cerradas”.
