Cataloga de "ficticia" la urgencia de comprar el helicóptero

El representan Jorge Navarro Suárez concluyó que la emergencia que se invocó para comprar un helicóptero de $8 millones durante la asada administración "fue ficticia”.

Hoy continuaron las vistas de la Comisión de Gobierno que investiga dicha compra por el Departamento de Salud. El helicóptero nunca ha despegado de tierra para ejecutar sus funciones de ambulancia aérea, por falta de licencias y equipo.

Entonces, la nave fue comprada bajo una presunción de urgencia.

El presidente de la comisión, Jorge Navarro Suárez, cuestionó hoy a la exdirectora ejecutiva del Cuerpo de Emergencias Médicas (CEM), Rosana Otaño, sobre versiones encontradas en cuanto a diversos detalles relacionados a la transacción que lo hacen concluir que se creó una "emergencia ficticia”.

"Aquí se habla de una emergencia que surgió entre mayo y junio. Entonces yo veo aquí un acuerdo que se firmó al final del cuatrienio; un acuerdo mediante un memorando de entendimiento para garantizar la continuidad de operaciones con una tarifa fija de mutuo acuerdo con la compañía Aeromed”, le señaló el representante.

La empresa Aeromed le da servicios de ambulancia aérea al gobierno.

"Pero ¿dónde estuvo la emergencia? ¿Usted no descargó sus funciones para evitar llegar al derroche de ocho millones de dólares de un helicóptero que no ha salido, cuando meses posteriores se llega a un acuerdo con la compañía? ¿Por qué no se trabajó eso desde el principio?”, cuestionó Navarro Suárez.

En su ponencia, Otaño dijo que recomendó la compra de la nave a la compañía Ecolift ante la necesidad, pero aclaró que no tuvo que ver en el proceso de compra de la misma.

De otra parte, Navarro Suárez pidió a Otaño que someta a la Comisión una lista de los nombres de funcionarios que participaron en las reuniones en las que no estuvo la exsecretaria de Salud, Ana Ríus. La Comisión le concedió cinco días para entregar la información.

Por otro lado, en la audiencia trascendió que el 22 de julio de 2016 Ríus firmó un memorando de entendimiento con Aeromed para ofrecer el servicio de ambulancia aérea a pesar de que el contrato con el gobierno había sido cancelado.

Otro de los aspectos que salieron a relucir son los acuerdos verbales entre diversos funcionarios como parte de la transacción y el manejo de la situación, como cuando Ríus delegó en Otaño, manejar y resolver la situación sobre la ambulancia aérea.

Asimismo, el legislador reiteró sus interrogantes sobre la supuesta emergencia, cuando se estableció un acuerdo con Aeromed para seguir ofreciendo el servicio. "¿Entonces la emergencia fue ficticia, fue para beneficiar a alguien en específico?”, preguntó. La deponente lo rechazó.

El representante señaló que la exsecretaria de Salud alegó desconocer detalles sobre el trámite de compra de la nave, a pesar que se había establecido el acuerdo con Aeromed.

"Por eso es que trataba ella (Ríus) de zapatearse de las reuniones en las que se tomaron esas determinaciones, porque ella tiene un documento firmado que invalidaba esa emergencia. Esta es la evidencia que sustenta que aquí alguien está mintiendo. A usted la engañaron porque a usted no le presentaron la información completa. Usted nunca vio este acuerdo de entendimiento antes que el 5 de agosto el exgobernador declarara una emergencia y que diera órdenes para que se comprara el helicóptero”, intentó explicar Navarro Suárez.

Este agregó que "desde Fortaleza engañaron al Departamento de Salud y las agencias pertinentes para gastar más de ocho millones de dólares para un helicóptero que al día de hoy no ha hecho ni una sola hora de vuelo”.

No obstante, el representante se preguntó como es posible que Otaño desconociera todos los vuelos llevados a cabo desde que Aeromed canceló el servicio.

"Tendría que validar si esos vuelos se dieron o no se dieron porque la orden era que no se podían hacer vuelos. No había contrato y no se podía hacer reconocimiento de deuda y todo lo que el proceso conlleva”, contestó la ponente.

En la vista también depusieron Marie Carmen Molina Berríos, directora de la Oficina Servicios Generales de la Secretaría Auxiliar de Administración del DS y Diana Meléndez Díaz, subdirectora de la Oficina de Compras y Subastas de la mencionada secretaría. Otros deponentes fueron Antonia de Jesús Santos, directora de Finanzas del DS; Magaly Tavárez Monegro, directora de Compras del DS y Luis Montes, exdirector del Programa de Personas con Discapacidad Intelectual.