Denuncia de organizaciones ambientales ante orden administrativa “secreta” del DRNA que permitiría que parques se convirtieran en cementerios y que exime de evaluación a la instalación de antenas de telecomunicaciones

Organizaciones defensoras de la salud ambiental y los sistemas naturales denunciaron que en semanas recientes, el secretario saliente del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, firmó de manera "secreta” la orden 2020-17, la que "prácticamente elimina la consideración de los impactos ambientales de los proyectos que se aprueben”, aseguró el portavoz de Ciudadanos del Karso (CDK), Abel Vale.

Tanto CDK como Sierra Club exigieron al todavía secretario que deje sin efecto la orden, que permita que científicos la evalúen y que el público pueda dar sus recomendaciones tal como lo requieren las leyes vigentes.

"El gobierno saliente nos ha mantenido en vilo durante el último año, buscando aprobar reglamentos y órdenes ejecutivas a las cuales no le encontramos sentido ni explicación, a menos que sea para atender pedidos e intereses particulares”, comentó Vale.

Añadió que han presentado un recurso en el tribunal cuestionando la legalidad de la forma de aprobación de esta última orden y sus consecuencias.

Según el vocero, la orden administrativa fue aprobada el 2 de noviembre, un día antes de las elecciones generales, sin avisar a ninguna parte interesada fuera del DRNA. 

"La misma enmienda el reglamento vigente, que exige que se prepare y divulgue un documento ambiental en el que se evalúen los efectos y mejor localización de los proyectos tanto como las medidas de mitigación. De acuerdo con las organizaciones, la redacción de la orden no establece límites, poniendo en riesgo zonas naturales protegidas como el Karso para permitir construcciones de carreteras, gasoductos, tanques, líneas y tuberías eléctricas. Por otro lado, elimina el requisito de una certificación ambiental a las labores de corte y poda de árboles”, afirmó.

Vale aseguró que, además, "la orden utiliza un lenguaje técnico que limita el entendimiento a los ciudadanos; quienes necesitan conocer cómo les afectan estas decisiones de manera inmediata. Los ciudadanos desconocen que su parque recreativo puede convertirse en un cementerio, por ejemplo. Incluso, exime de evaluación ambiental la instalación de antenas y equipos de telecomunicaciones en torres o estructuras existentes y las construcciones de estructuras cónsonas con la calificación del lugar donde se ubicarán”.

Pedro Saade Llorens, director de la Clínica de Asistencia Legal Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, hizo un llamado al gobernador entrante Pedro Pierluisi para que destituya a Machargo. 

"La orden administrativa del Secretario Machargo se aprobó a escondidas y sin análisis legal o científico previo y en medio de las elecciones con el objetivo de que nadie se enterara. Todo indica que es una orden de encargo que tendrá muy serias consecuencias para la tranquilidad de la gente y el medio ambiente. Debe ser revocada por la administración entrante”, comentó. 

Agregó que en vez de trabajar de la mano con las organizaciones ambientales para proteger el país, el gobierno lo que está haciendo es atacar sector ambiental, obligándolo a reaccionar continuamente a pobres decisiones que tienen impactos nefastos para el país: un reglamento conjunto de permisos plagado de errores, una tala de árboles indiscriminada en nuestros parques nacionales sin un plan de mitigación adecuado, y ahora esta orden ejecutiva. Es como si estuviesen ensañados con el ambiente y el bienestar de nuestros ciudadanos”.