Cámara investiga a las aseguradoras de ofrecen cubiertas en el seguro de responsabilidad obligatorio
La Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros, que preside la representante Yashira Lebrón Rodríguez, comenzó el miércoles, vistas públicas con el fin de investigar los procesos de adquisición del seguro de responsabilidad obligatorio para los vehículos de motor.
Las Resoluciones de la Cámara 29 y 54, de la autoría de Lebrón Rodríguez, también buscan examinar la libre selección que tiene el consumidor al escoger a su aseguradora que ofrezca dicha cubierta de su preferencia; los procesos administrativos, cargos y otros asuntos de impacto al consumidor.
Iván Solares, asesor legal de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), señaló en declaraciones escritas que "el monto inalterado de la prima del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO) puede ser reducido en beneficio del consumidor, aún con el aumento del tope mínimo del SRO a cuatro mil 500 dólares”.
Asimismo, recomendó que sería favorable para los consumidores que se desarrolle un sistema electrónico alterno del Formulario de Selección de SRO existente. "También opinamos que sería beneficioso para todas las partes involucradas en el SRO, particularmente al consumidor, que se aclare la "Ley de Seguros de Responsabilidad Obligatorio para vehículos de Motor”, sin margen a ambigüedades, la jurisdicción de la OCS de fiscalizar el estricto cumplimiento de la ley por las entidades autorizadas y para multarlas o sancionarlas por incurrir en prácticas prohibidas en el Código de Seguros de Puerto Rico”.
La licenciada Miriam Stefan del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), informó que con relación a la prima del SRO se recibe un ingreso equivalente al uno por ciento que se utiliza para las diversas gestiones que realiza la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) relacionadas al seguro obligatorio, tales como: el almacenamiento y distribución de los formularios, envío de la notificación anual para la renovación del marbete y el seguro, y el mantenimiento del sistema DAVID Plus de toda la data pertinente al estatus del dueño registral de los vehículos asegurador, entre otros.
Nereyda Carrero, directora ejecutiva de la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (ASC) expuso que gran parte del problema que pudieran afrontar los consumidores de pólizas tradicionales de responsabilidad, que no tienen el Certificado de Cumplimiento disponible al momento de efectuar la renovación de su marbete, puede subsanarse si se implanta un mecanismo de Certificación de Cumplimiento electrónico.
Con relación a las primas no reclamadas por los asegurados tradicionales, aclaró que la ASC transfiere ese dinero al Departamento de Hacienda (DH). "La ASC no se queda con primas del SRO que no le corresponden. ASC conserva las primas por un plazo máximo de dos años. Luego, las primas en cuestión, incluyendo los intereses, son transferidas al Fondo General”, explicó Carrero.
Por las aseguradoras Point Guard Insurance Company y Universal Group, Inc. compareció el licenciado Luis Torres Marrero, quien expuso que la Ley del SRO ya provee un sistema completo y adecuado mediante el cual se asegura la participación del consumidor de su libre selección del proveedor del seguro obligatorio. Agregó, que la Ley provee "para un cargo por servicio, justo, fijo y uniforme. Es decir, el consumidor se ha visto beneficiado por lo impuesto en la Ley, ya que se le ha salvaguardado su derecho a la libre selección…”.
Mientras la aseguradora Integrand Company, donde el gerente de Mercadeo, Santiago Rosado exhibió que la Carta Normativa CN-2016-212-AL promulgada por la entonces Comisionada de Seguros, Ángela Wayne, no tiene fecha de emisión, pero fue recibida por las aseguradoras el 3 de enero de 2017 y que trata de implantar unas limitaciones y otros aspectos que no resultan compatibles con las disposiciones de la Ley de SRO.
Al culminar la audiencia, la presidenta de la Comisión requirió documentos adicionales a la OCS para tener un panorama más claro en cuánto a la cantidad de querellas recibidas de las 11 aseguradoras que ofrecen servicios en la Isla.



