Cámara de Comercio cataloga de intromisión indebida exigir uso de agua embotellada en los comercios
La directora de Asuntos Legales y Legislativos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Lcda. Eunice S. Candelaria de Jesús, catalogó hoy una pieza legislativa de la Cámara de Representantes como una intromisión indebida e innecesaria del gobierno en la actividad comercial del País e imponer cargas económicas irrazonables a los comerciantes.
Su planteamiento se produjo durante una vista pública de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos, que preside el senador Luis Daniel Rivera Filomeno, en la que se consideró el Proyecto de la Cámara 1845, que ordena a todo establecimiento de comida a que, cuando en sus ofertas de alimentos incluya bebidas azucaradas o carbonatadas dentro del precio estipulado, permita a solicitud del cliente, intercambiar la bebida por agua embotellada o agua filtrada, sin costo adicional.
"La aprobación del P. de la C. 1845 y medidas de igual naturaleza, las cuales no tienden a considerar los costos de implementación, así como tampoco las circunstancias únicas en Puerto Rico tienen como consecuencia afectar seriamente las empresas con presencia comercial en Puerto Rico y desincentivar el establecimiento de nuevos negocios. Requerirle a los comerciantes comprar botellas de agua, si no es parte de su menú, implica una intromisión indebida en los negocios y le impone cargas económicas a los comercios”, dijo Candelaria de Jesús.
En tanto, Rivera Filomeno, reaccionando a dichas declaraciones, expresó que no está de acuerdo y discrepa totalmente de la ponencia de la Cámara de Comercio cuando hace la observación de que es una intromisión indebida e innecesaria del gobierno en la actividad comercial. "Yo creo que no. El deber del gobierno, y nosotros tenemos que mirar la política pública que implantamos como País, pues tenemos que mirar todos los aspectos. Yo creo que en el aspecto de la salud y de la nutrición, en toda sociedad, es uno de los aspectos más importantes. Lejos de que sea una intromisión indebida o innecesaria es todo lo contrario. Ése es nuestro deber ministerial. Sería una irresponsabilidad de nosotros como legisladores, como gobierno, como Legislatura, si no entramos”, dijo el Senador.
Contrario a la posición de la Cámara de Comercio en el sentido de que no es correcto señalar que se cobra un cargo adicional por reemplazar el refresco, Gabriel Lebrón, Director Ejecutivo de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), señaló que los comerciantes que cobran una diferencia al cliente al escoger agua en vez del refresco incluido en una oferta, no lo hacen por capricho o por fomentar el consumo del refresco. Asimismo, indicó que el agua embotellada requiere mayor espacio de almacenaje al venir en cajas de 24 unidades y consume más electricidad al requerir enfriamiento. No obstante, favoreció intercambiar la bebida por agua filtrada. Ambas entidades no favorecieron la medida. Además, alegó que el proyecto discrimina en contra del agua potable que produce la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados al pretender que se ofrezca agua embotellada.
Por otra parte, el Departamento de Salud (DS), que estuvo representada por Cynthia Santiago Díaz, nutricionista y dietista, y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), representado por el Lcdo. Ángel Rosario Luna, entraron en contradicción cuando el DS favoreció únicamente el uso de agua embotellada y no el agua filtrada, porque conlleva costos adicionales para el comerciante, y el DACO dio el apoyo al agua potable y el agua filtrada. A su juicio, el agua embotellada conlleva almacenaje y gastos adicionales para el comerciante. Sin embargo, las dos agencias favorecieron la pieza legislativa.
