Senador Nazario imputa esquema de fraude a las "escuelas aceleradas"
El presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado, Abel Nazario, atribuyó hoy un esquema de fraude a la modalidad de "educación acelerada” existente en el país, que cobran 150 y 200 dólares para emitir un diploma para cumplir con un requisito de trabajo.
"Hay una palabra bien fuerte para esto que se llama fraude; no es no mismo un estudiante de Homeschooling el cual toma su College Board y saca las puntuaciones más altas, a que se le esté robando el dinero por un diploma con el fin de cumplir con un requisito para un trabajo”, denunció el senador oficialista durante una audiencia.
Nazario estableció que el término "educación acelerada” no lo define la Ley habilitadora (Plan de Reorganización Núm. 1 de 2010), pero que se ha agrupado dentro de la educación no-tradicional, según la asesora legal externa del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), Rosamarie Cabán.
Destacó que muchas de esas instituciones cierran y dejan a los estudiantes sin diplomas ni transcripciones, aparte de que no cuentan con maestros licenciados ni se encuentran acreditadas por el CEPR, por tratarse de un aspecto discrecional para la educación privada.
El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) añadió que tendrá a su cargo definir el término "educación acelerada” en la Ley habilitadora y establecer métricas para regularlas y atajar el esquema fraudulento.
La directora ejecutiva interina del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), María L. Varas García, propuso que "se tipifique como delito esta situación y a estas personas inescrupulosas que manejan la educación de esta forma”.
"No hay una disposición estatutaria sobre esta modalidad no-tradicional de la educación acelerada y queremos impactar ese sector, pero nos hacen falta los recursos que se traducen en toda esta discusión”, amplió la asesora externa del CEPR.
"Entre las áreas programáticas, en la división de licenciamiento y acreditación solo trabajan tres empleados para atender todas las escuelas desde elemental hasta cuarto año y las postsecundarias no universitarias”, dijo.
El CEPR, que cuenta con ocho concejales y un presidente, acredita y otorga licencias a instituciones educativas privadas y públicas desde el nivel preescolar hasta el universitario.
"La acreditación va a la calidad de la educación, es un examen más exhaustivo, en el cual hay un reglamento para la acreditación, pero para las escuelas privadas es opcional”, detalló Varas García.
Argumentó que para el licenciamiento se imponen unos requerimientos mínimos, y esa acreditación abona a que la institución y sus estudiantes puedan recibir fondos federales.
El senador Nazario consideró que es necesario redefinir los requisitos para ser miembro del CEPR, ante la necesidad de que los consejeros sean representativos de los sectores.
"Esta Legislatura tiene que definir porque todo consejo tiene que ser representativo de los sectores que fiscaliza, además el reglamento establece que debe tener algún conocimiento en educación pero no es especifico”, precisó durante una audiencia en torno a la Resolución del Senado 41, que investiga al CEPR.
La directora indicó que la mayoría de los miembros fueron o son miembros de la comunidad académica de las universidades.
Además, habló sobre el caso del cierre de la institución postsecundaria MBTI, de la que el CEPR es custodio de los expedientes microfilmados.
"Ya la semana pasada los recibimos y al igual que las solicitudes de los estudiantes, por esto tenemos una persona encargada de suministrar estos documentos”, reveló.
