Aponte Hernández solicita reevaluación medida de máquinas deentretenimiento

 El representante, José Aponte Hernández, solicitó el martes la reevaluación de la medida que medida que viabiliza la legalidad de las máquinas de entretenimiento para adultos ante el reciente rechazo de la misma por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF).

"Yo no tenía que esperar por la Junta, lo planteé en el hemiciclo, durante el debate sobre la medida y previo al mismo también. Le quita recursos a la Universidad de Puerto Rico, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y el Fondo General y lo que ofrece para el retiro el la policía son dos centavos. Por eso solicito que se revalúe la medida”, comentó el representante en declaraciones escritas.

El lunes la directora ejecutiva de la Junta federal de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko dijo que la propuesta es inconsistente con el Plan Fiscal Certificado, pues no ha sido demostrado que su implementación tenga un efecto neutro sobre los ingresos y no afectará otros ingresos en el Plan Fiscal. Jaresko exigió, además, que el gobierno debe presentar en el texto de la legislación, la relación en costos de implementación, operaciones y otros.

"Reitero, con datos reales y verificables que la legalización de estas maquinitas tendrá un efecto devastador en la salud y seguridad de nuestra gente y, por ende, un aumento excesivo en los gastos del gobierno. El estudio de la National Coalition Against Legalized Gambling, establece que el costo al gobierno de cada jugador compulsivo ronda entre los 14,006 dólares y 22,077 dólares por año. Esto supera por mucho cualquier proyección de ingresos que se ha brindado en relación con la operación de estas maquinitas. No es un negocio viable para Puerto Rico y yo me opongo al mismo. La Junta también lo hace, por eso es urgente reconsiderar la medida”, añadió el legislador.

El expresidente cameral destacó, además, que "la premisa detrás de la medida es que la operación de las máquinas generaría unos 100 millones de dólares en impuestos nuevos. Eso no es correcto, y la Junta tampoco lo encontró así. Por el contrario, el uso de estas maquinitas sería nefasto para nuestra economía, destruyendo fuentes de empleo y aumentando, dramáticamente, los costos en servicios de salud mental para el pueblo”.

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