Alcalde de Cabo Rojo declara estado de emergencia fiscal en el municipio
El alcalde Roberto "Bobby" Ramírez Kurtz, declaró un estado de emergencia fiscal en el municipio, que incluye recortes en el presupuesto para el año fiscal 2017-2018 de sobre tres millones de dólares por la "confiscación” de fondos municipales efectuada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Según Ramírez Kurtz, el municipio de Cabo Rojo tendrá que reducir su próximo presupuesto en sobre tres millones porque el BGF "nos confiscó millones de dólares que nos pertenecen y que usó para llegar a un acuerdo con sus bonistas, debilitando con ello nuestras finanzas, los servicios a la ciudadanía y el programa de obras permanentes”.
Igualmente, dijo la quiebra decretada por el ELA eliminó las transferencias de fondos que recibía el municipio de parte del gobierno central.
El primer ejecutivo advirtió a la ciudadanía que, contrario al señalamiento de que 60,000 bonistas del BGF se sacrificaron al aceptar una reducción en el precio de sus bonos en el acuerdo antes mencionado, "los verdaderos sacrificados son los 3.5 millones de puertorriqueños que no recibirán servicios esenciales de parte de los municipios ni del gobierno central por la confiscación de los dineros pertenecientes a los gobiernos municipales".
Denunció que el BGF "ha violentado todos los acuerdos a los que llegó con la administración municipal de Cabo Rojo, incluyendo el incumplimiento de los compromisos contenidos en las resoluciones municipales aprobadas como parte de las exigencias del propio banco para emitir los desembolsos de los dineros que le pertenecen a la administración caborrojeña, algunos de los cuales ya estaban comprometidos y certificados para el pago de contratistas y suplidores correspondientes a obras y servicios en beneficio del pueblo”.
Sobre la declaración del estado de remergencia fiscal, dispone que el alcalde, junto a su equipo económico, podrá implantar las medidas necesarias y convenientes para conjurar la situación fiscal del municipio.
"Los recaudos del municipio han sufrido una disminución considerable por la eliminación del 0.5% del IVU municipal, la reducción a la aportación del gobierno central para el bono de Navidad, equivalente a 154,250 dólares; la creación de la entidad COFIM, con un balance negativo de 556,184; y un impacto adicional a ingresos provenientes del CRIM, estimados en 1,539.080.71", explicó Ramírez Kurtz.
Agregó que el gobierno central ha incrementado las obligaciones del municipio de Cabo Rojo mediante la aprobación de leyes, como la aportación al Retiro de Empleados Municipales, que ha subido de 9.275% hasta 16.775%, representando un aumento en dicho concepto de 340,024 dólares, incrementos que continuaran escalonadamente cada año hasta llegar a representar un 21.00%.
Se añade la aportación del Municipio a Pensionados (Cola) ascendente a 235,632 dólares, la Aportación Adicional Uniforme de 984,731 dólares, y la porción eliminada del CELI de la AEE, que representa 473,045 dólares.
"Con estas medidas el gobierno central pretende cuadrar su presupuesto sin asumir la responsabilidad que le corresponde e imponiendo en los alcaldes la obligación de realizar los recortes que se deben hacer de manera estatal. Se trata de una incautación unilateral de los fondos destinados al servicio directo a la ciudadania", afirmó Ramírez Kurtz.
El primer ejecutivo caborrojeño sostuvo que las partidas antes mencionadas tienen un impacto adverso de 4,771,785 dólares, que tenemos que considerar para el presupuesto municipal del próximo Año Fiscal 2017-2018.
"Máxime ante las limitaciones que impone la Ley 154 de 2013, al establecer que el presupuesto de cada municipio no podrá exceder los ingresos certificados en el informe de auditoria externa (Single Audit) correspondiente al año natural anterior, en las partidas de ingresos provenientes de patentes e Impuesto de Venta y Uso (IVU), licencias y permisos misceláneos”, expuso.
De igual modo, indicó que se debe considerar el estancamiento de la industria de bienes raíces que afecta los ingresos municipales, particularmente en patentes y arbitrios de construcción, las restricciones que establece la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como la disminución en la población lo cual incide adversamente en la economía del país al reducirse la base contributiva y, a su vez, los recaudos en general.
"Esta nueva realidad fiscal la enfrentamos con la seriedad y urgencia que amerita para poder satisfacer las necesidades apremiantes de nuestros constituyentes, siendo creativos en la forma y manera eficiente que prestamos los servicios esenciales, maximizando los recursos de los cuales dispone el Municipio", manifestó Ramírez Kurtz.
El alcalde informó que la ordenanza municipal dispone, además, que la directora de finanzas municipal tendrá el deber de estructurar y establecer un sistema para evaluar las medidas que se implanten y determinar si han cumplido o no su cometido, para prolongar su vigencia o descontinuarlas.INS
