Piden a la Asamblea Legislativa y al gobernador a no intervenir con la Comisión de Derechos Civiles

 Las entidades que agrupan la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia se unieron el viernes, para hacer un llamado a la Asamblea Legislativa y al gobernador Ricardo Rosselló a que no den paso al Proyecto del Senado 420.

"La labor fiscalizadora de la CDC, así como sus campañas educativas sobre derechos humanos, son fundamentales para nuestro País. En este contexto de crisis económica, social y política, el acompañamiento a quienes sufren censura, discrimen o abusos por parte del gobierno debe ser una prioridad” manifestó la licenciada Ariadna Godreau Aubert, coordinadora de la Mesa en declaraciones escritas.

Explicó que "este proyecto, que enmienda la Ley Número 3 del 2017, también conocida como la "Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, tiene como norte intervenir con las funciones de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), desprendiéndola del control de los fondos y de la autonomía que requiere este cuerpo para llevar a cabo sus funciones”. 

Sostuvo que la CDC es una entidad dedicada a la defensa de los derechos de grupos vulnerables desde el año 1965 y ha servido como un foro independiente del Estado para llevar a cabo investigaciones que visibilizan violaciones de derechos humanos que incluyen las cometidas por parte de éste.

Actualmente, la Comisión lleva a cabo trabajo sensitivo sobre temas críticos para los derechos civiles del País. Entre estos se encuentran trabajos sobre el monitoreo electrónico de la Policía en las redes sociales, la corrupción en el servicio público y las acciones de la Policía para cumplir con la reforma policial.

"No debe perderse de perspectiva que la CDC es uno de los pocos foros que atiende las querellas de personas privadas de libertad, manifestantes, personas sin hogar, víctimas de discrimen por razón de su identidad de género u orientación sexual, manifestantes privados de su derecho a la libertad de expresión y estudiantes de educación especial, entre otros”, mencionó. 

Por su parte, Frances Collazo, abogada de Ayuda Legal Huracán María, dijo que "la austeridad no puede aplicarse eliminando derechos fundamentales. Tampoco puede implementarse quitándole a las personas los pocos foros que existen para reclamarlos. Defender la CDC es defender un espacio donde pueden llegar quienes exigen dignidad y justicia social”.

"La reducción de gastos del presupuesto no es motivo para la privación de fondos de la Comisión, puesto que dicha entidad posee un presupuesto menor a un millón de dólares. Las entidades de la Mesa que endosan esta carta entienden que este Proyecto es una amenaza para el acceso a la justicia, que impactará los derechos humanos de las personas más vulnerables.  La crisis económica es también una crisis de derechos fundamentales – más evidente esta última tras el paso del Huracán María. Es por eso que hoy defendemos a la CDC y le solicitamos al Gobernador que actúe para preservar su autonomía y funcionamiento”, añadió. 

Los integrantes de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia son: Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, Clínica de Asistencia Legal de la Pontificia Universidad Cat;olica de Puerto Rico, Ayuda Legal Huracán María, Derecho a tu casa, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Inter-Mujeres, Pro-Bono, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Pro-Bono, Universidad Inter Americana de Puerto Rico, Profamilias, Inc.