ALCALDES FEDERADOS REVELAN LA CRÍTICA SITUACIÓN FISCAL DE LOS MUNICIPIOS ANTE EL IMPACTO DE MEDIDAS IMPOSITIVAS

La Federación de Municipios de Puerto Rico hizo un llamado para que se detenga la aprobación de medidas que tengan impacto fiscal sobre los municipios reclamando que hay 48 de éstos en precaria situación financiera.

Asimismo, hicieron un llamado a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico para la celebración de una cumbre a fin de adoptar un plan inmediato que frene la crítica situación fiscal de los Municipios. "Si no establecemos los puntos de contactos ahora, nos arrastrarán a la peor crisis económica y terminarán haciendo trizas la Ley de Municipios Autónomos”.

Asimismo, culparon a funcionarios y los legisladores presentes y de pasadas administraciones, por la debacle municipal que no les permitirá siquiera cumplir con el salario mínimo federal ni con muchos de los servicios públicos que le ofrecen a los constituyentes por la pérdida de recursos.

En un mensaje televisado en el cual detallaron algunas de las medidas que han tenido un impacto negativo, los Alcaldes miembros de la Federación, señalaron que las recientes enmiendas al IVU municipal ha sido el peor de los golpes que han recibido.

El presidente de la Federación, Héctor O’Neill García, recalcó la gravedad de la situación al mencionar que muchos municipios tampoco podrán cumplir fielmente con la Ley de Sustentabilidad la cual les impone la sindicación de empleados y el pago de la cuota a los empleados municipales.

"La salud fiscal de los municipios ha sido socavada al punto de que las ciudades grandes han tenido que salir al auxilio económico de las pequeñas; de tener que intercambiar servicios y ayudas para los ciudadanos a fin de protegerlos de la situación económica que les agobia”, dijo el también Alcalde de Guaynabo.

Así, abogó porque el Gobierno y la Legislatura atiendan las alternativas que los Alcaldes han presentado para manejar la crisis, principalmente la que integraría funciones entre municipios, "la cual sigue siendo un excelente respiro para que podamos cumplir con los servicios a la gente”.

Además habían propuesto al Presidente del BGF que se aplazara hasta enero de 2015 la puesta en marcha de los procedimientos que disponen  las Leyes 18 y 19 relacionadas con el IVU debido a que no se le ha explicado el detalle al comercio, y a que los empleados municipales tienen dudas con los nuevos cambios. El BGF notificó que en vez del primero de julio, los cambios entrarán en vigor en septiembre.

"Esta legislación ha alterado el IVU en contra de los municipios para favorecer al Gobierno Central con el propósito de recuperar la confianza de los bonistas e inversionistas en el crédito de Puerto Rico”, afirmó O’Neill.

Antes de la aprobación de estas Leyes, los municipios recibían los dineros correspondientes al 1.5% del 7% de los recaudos del IVU. Ahora recibirán .70% del 1% que cobran directamente los municipios.  "Ahora, el 1% tienen que transferirlo a la nueva entidad Corporación para el Financiamiento Municipal –COFIM- que administra el Banco Gubernamental de Fomento y que se quedará con el .30% para el repago de la deuda, dejando sólo .70% para los municipios.

"No sólo perdemos parte del dinero que se usa para los servicios municipales, sino que tendríamos que pagar mucho más por los intereses de esa deuda ya que el BGF se propone refinanciarla a intereses altos lo cual tendría un costo mayor para los municipios”.

Los Alcaldes advirtieron que las medidas lanzarán al precipicio a más de 48 municipios que se encuentran en serios apuros fiscales.

Mencionaron que la reforma al Sistema de Retiro seguirá sangrando el presupuesto municipal ya que les impone un alza anual en la aportación patronal hasta el año 2021. Desde el 2010, los municipios han incrementado sus aportaciones en 4% y, desde abril del presente, aportan $2,000 al cheque de los jubilados municipales. Este año fiscal el balance de los pensionados municipales es de 14,581, y las aportaciones superan $14.5 millones.

Los Alcaldes rechazaron que la Autoridad de Energía Eléctrica esté subsidiando a los Municipios. "Todo lo contrario, los municipios subsidian a la Autoridad desde el 1941 mediante una excención especial que se legisló lo cual la exime del pago de patentes, contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble y del pago de arbitrios por construcción. Esto le representaría a los Municipios ingresos por $600 millones, aproximadamente. A cambio, los municipios reciben el subsidio por consumo de luz lo cual resulta menor en unos $300 millones que la suma de la exención especial que le concedemos a la Autoridad”, expuso Orlando Ortiz, alcalde de Naranjito.

"En otras palabras, dijo Ortiz, son los municipios los que subsidian la Autoridad y evitamos que los cargos por consumo de energía a los abonados sean mayores”.

Los Alcaldes destacaron además, que desde febrero del año pasado, han perdido millones de dólares en fondos federales provenientes del Programa Workplace Investment Act de 1988, conocido como WIA. "Y gran parte de la cantidad reducida que aún recibe Puerto Rico, ha sido secuestrada por el gobierno estatal para utilizarla como incentivo de la ‘Ley de Empleos Ahora’ sin el concurso o participación de los municipios”, afirmó por su parte, la alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez.

De igual forma,  señalaron la aportación que hacen los municipios desde el 2006 a la Reforma de Salud que administra ASSES, estimada en $157.2 millones. También les transfirieron la responsabilidad de los Centros de Tratamiento y Diagnóstico –CDT-  que administraban el Departamento de Salud.

"Les comunicamos que muchos municipios no tienen con qué pagar el alza en el salario mínimo que podría costarnos $50 millones”, alertaron los Alcaldes al mencionar que sólo despidiendo empleados, reduciendo el horario de trabajo y/o gravando con préstamos el presupuesto municipal, podrán cumplir con tal medida.