La Contraloría de Puerto Rico presentó el martes una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), vinculado al Departamento de Seguridad Pública. Los análisis y evidencias demuestran que los desembolsos para la contratación de servicios profesionales no se llevaron a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.

El informe revela que el Negociado realizó desembolsos ilegales por la suma de 27.1 millones de dólares para pagar enmiendas retroactivas a dos contratos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, cuya cuantía original era de 800 mil y 188.7 mil dólares respectivamente.

Estos contratos se crearon para apoyar a la Oficina del Governor Authorized Representative (GAR). La oficina se integró a la Oficina de Gerencia y Presupuesto en octubre de 2017 y luego a la Oficina de Recuperación y Reconstrucción (COR3) en marzo de 2018, por lo cual el Negociado dejó de administrar dichos contratos.

Los servicios contratados estaban relacionados con la administración de programas de Asistencia Pública y de Subvenciones para Mitigación de peligros y apoyo a los esfuerzos de respuesta y recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María.

A pesar de que se agotó la cuantía original de los contratos en unas seis semanas, el Negociado permitió que los contratistas siguieran prestando servicios. Cuando un contratista sobrepasa la cuantía máxima de un contrato, deja de existir una relación contractual valida, exigible, prospectiva y escrita.

Esta situación, contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la Ley 237-2004, perjudica al Negociado ya que no existen documentos legales que establezcan las obligaciones entre las partes.

El informe de auditoría también destaca que el Negociado pagó 60,027 dólares por servicios prestados sin contrato a una agencia de publicidad entre el 2017 al 2019. Además, desembolsaron 7,677 dólares a un contratista por horas de servicio prestadas antes de formalizar un contrato y sin contar con los fondos que respaldaran el servicio prestado.

Además, se identificaron tres enmiendas por 815,425 dólares en fondos federales, que se otorgaron para servicios publicitarios entre el 2017 y 2019, sin un proceso de libre competencia con varios proveedores. Esta situación podría propiciar favoritismo con ciertos proveedores, y la agencia federal que asignó los fondos, podría cuestionar y solicitar su rembolso.

Contrario a la Carta Circular 1300-02-12, el Negociado realizó pagos por 20,398 dólares, en exceso del 15 por ciento de comisión, a una agencia de publicidad y a otros subcontratistas. La facturación incluía comisiones desde un 17.65 por ciento, hasta el 25 por ciento.

Además, el Negociado pagó 10,809 dólares entre el 2016 y el 2019, por el almacenamiento de documentos cuyo periodo de conservación había expirado. La directora de Servicios Generales no supervisó las operaciones relacionadas con la administración de documentos que debieron haberse dispuesto entre el 1986 y el 2018.

Contrario a la ley y la reglamentación vigente, el comisionado contrató los servicios de contadores públicos autorizados hasta 14 meses después de la fecha establecida por ley, que establece que los contratos para realizar los single audits deben otorgarse 90 días antes del cierre del año fiscal.

El informe del Negociado, que abarca el periodo del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2019, está disponible en www.ocpr.gov.pr.