Darán trato preferencial a Corrección para adquirir vehículos confiscados

Con el fin de proveer ayuda a los oficiales correccionales que trabajan en investigaciones y arrestos especiales, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Félix Lassalle Toro, anunció el lunes, la radicación de una medida que incluye al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) entre las agencias del orden público que podrán adquirir, con carácter preferencial, los vehículos confiscados.

"Hemos escuchado a los componentes de seguridad pública de Puerto Rico, particularmente nuestros oficiales correccionales y demás persona del DCR, que han pedido ayuda para lograr movilizarse. Por eso decidimos establecer, por ley, que Corrección tiene una designación preferencial al momento de que el estado entre los vehículos confiscado”, señaló el legislador por el Distrito 16, el cual comprende los municipios de Isabela, San Sebastián y Las Marías en declaraciones escritas.

Explicó que el Proyecto de la Cámara 1392, de la coautoría del representante José ‘Memo’ González Mercado, además, delinea un mecanismo que agiliza el proceso de utilización y traspasos a Corrección, el cual incluye una certificación del Negociado de la Policía de Puerto Rico respecto al buen funcionamiento y utilidad de los vehículos de este registro.

Según mencionó González Mercado, la crisis fiscal por la que atraviesa el Gobierno ha limitado los recursos con los que cuenta este Programa de Servicios con Antelación al Juicio para poder realizar una vital función en el sistema de justicia penal.

"Ejemplo de esto es el deterioro de los vehículos asignados a la Unidad Especializada de Investigaciones y Arrestos que tiene a su cargo realizar investigaciones con relación al cumplimiento de las condiciones impuestas a las personas bajo la jurisdicción del Programa, arrestar, diligenciar órdenes y notificaciones de los tribunales con relación a los imputados bajo libertad provisional, entre otros”, abundó.

Del mismo modo, los Técnicos de Investigación requieren utilizar vehículos oficiales para el cumplimiento de su función, toda vez que para la investigación que presentan ante el Juez tienen que hacer investigaciones de campo para conocer las relaciones del imputado con la comunidad y su familia, así como su historial de empleo, recursos económicos, entre otros detalles requeridos por ley.

"Esta pieza legislativa le permite al Departamento de Corrección y Rehabilitación, agencia a la cual pertenece el Programa, adquirir con carácter en igualdad de condiciones que el resto de las agencias del orden público, los vehículos confiscado para garantizar la provisión de los servicios”, agregó Lassalle Toro.

La medida fue propuesta también por el sindicato Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico.

por:CyberNews