Proyecto busca excluir del pago del IVU a los servicios de bienes raíces

 Los representantes Ángel Peña Ramírez y Yashira Lebrón Rodríguez anunciaron la presentación de una medida que busca excluir del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) todos los servicios relacionados al corretaje de bienes raíces, tanto residencial, comercial, agrícola o industrial, como medida para incentivar las transacciones de venta y compra de propiedades.

Peña Ramírez comentó al respecto que "la industria de bienes raíces ha sido testigo de la reducción significativa de los valores de las propiedades año tras año, de la merma de construcción de residencias y edificios, proyectos nuevos que no se logran vender, el difícil acceso al crédito, el incremento de la morosidad, así como las decenas de miles de ejecuciones de hipotecas. Tenemos que actuar”.

Explicó Lebrón Rodríguez que "la imposición del IVU a los servicios de bienes raíces está teniendo un efecto perjudicial en la industria y, más importante aún, en el consumidor, reduciendo las transacciones de bienes raíces y el ingreso producto de los impuestos recaudados. Tenemos que actuar o vamos a perder aún más”, advirtió.

Los servicios a ser excluidos del IVU serían los trabajos que provee un corredor, vendedor o empresa de bienes raíces para la venta o alquiler de cualquier propiedad localizada en Puerto Rico, tanto residencial, comercial, agrícola o industrial, así como de tasación, estudio de título, agrimensor e inspección, entre otros.

De acuerdo a los legisladores del Partido Nuevo Progresista, la industria de bienes raíces de Puerto Rico continúa sufriendo el embate de una economía lacerada, especialmente en el sector de nueva construcción, las reventas y los arrendamientos, mientras se encuentra gravada por múltiples impuestos que recaen unos sobre otros.

En una transacción de bienes raíces participan un grupo de profesionales a lo largo del proceso, hasta que finalmente la propiedad se le entrega al nuevo adquirente. Entre esas personas se encuentran casi todas los incluidas como servicios profesionales designados, incluyendo a los corredores de bienes raíces. Por ende, el precio por unidad final incluye el costo de todos estos servicios.

El Proyecto de la Cámara 992, radicado el 4 de mayo, está referido a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, Promesa, para su evaluación.