La Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la unión Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (TUAMA) informaron el domingo sobre una demanda contra el Gobierno de Puerto Rico para que se declare inconstitucional la Ley 106 que crea un fideicomiso para el retiro de los empleados públicos.

El presidente de la AEG, el licenciado José Ortiz Torres, y el secretario de TUAMA, Ángel Torres Escribano alegaron que el gobierno invade los derechos de los trabajadores al administrar su dinero de jubilación a través del sistema de retiro al cual dejó de aportarle dinero como patrono a partir de la creación de la Ley 106.

"Desde la Ley 106 en adelante, el gobierno ha vendido la ficción de que existe un Plan de Retiro, cuando en realidad lo que existe es la obligación al trabajador de desprenderse, como mínimo, de un 8.5 por ciento de su salario para ponerlo en un fondo que el gobierno administra a través de una compañía que el mismo Estado escoge”, expresó Ortiz Torres.

"Ya la historia demostró la incapacidad del gobierno en administrar un fondo de retiro. La Exposición de Motivos de la Ley 106 no vacila en detallar la incapacidad administrativa del Estado.  Nadie en uso de razón puede concluir que el resultado será distinto ahora que el gobierno no aporta al retiro del trabajador”, añadió Ortiz Torres.

Por su parte, Escribano mencionó que la obligación de separar de un 8.5 por ciento  en adelante aplica solo a algunos trabajadores, mientras que excluye a un amplio sector que labora en el sector público y también al sector privado.

"Si el interés legítimo del Estado con el cual intenta justificar la Ley 106 es que se requiere que los trabajadores ahorren para su vejez, este interés, si fuera legítimo, tiene que tener una aplicación uniforme.  Del servidor público interesar ahorrar, tiene opciones en el mercado.  No existe una base racional para que el Estado cree una y la imponga”, manifestó el secretario-tesorero de TUAMA.

El caso de solicitud de sentencia declaratoria fue radicado ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

CN