El presidente del Comité de Recursos Naturales y Energía de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Raúl Grijalva, aseguró el viernes que una vez regrese al Congreso espera evaluar tanto la Ley PROMESA como el proceso de recuperación de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María para que sea uno más "humanitario y sensible”.

Grijalva destacó en rueda de prensa que la mayor cantidad de exposiciones del público durante la audiencia del Comité efectuada en el Coliseo Roberto Clemente, se concentraron en la necesidad de que se resuelva el status político de Puerto Rico.

Sin embargo, aunque aseguró que entiende y respeta el reclamo, reiteró que solo se puede enfocar en los aspectos que tiene control que son la Ley PROMESA, la Junta de Control Fiscal (JCF) y el proceso de recuperación.

"Todos estamos conscientes que somos responsables por esa Ley, y esa responsabilidad yo la tomo con mucha seriedad. Al fin del día, si tenemos que ver esa Ley no solamente en términos de cómo vamos a ajustar y a tratar con reparo algunos elementos, sino también el efecto que esta tomando esta Ley en el pueblo en general... Cuando dije igualdad y humanidad es que tenemos que poner los intereses y el futuro de los puertorriqueños como prioridad en la discusión y los cambios que van a ser necesarios en el futuro”, sentenció Grijalva.

En esa línea, resaltó la necesidad de prestar atención a lo que concierne al impacto que tiene la Ley PROMESA en la educación y los sistemas de retiro.

De hecho, Grijalva opinó que si la Junta de Control Fiscal quiere implementar recortes profundos al sistema educativo y a la Universidad de Puerto Rico, "eso es algo que no es humanitario ni de beneficio económico para Puerto Rico en general”.  

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz Soto , manifestó en la conferencia de prensa que "la disponibilidad de Raul Grijalva, su Comisión, de mirar la Ley PROMESA y de hacerle ajustes que sean necesarios para que la Ley PROMESA sea una ley humana, demuestra que el Congreso Demócrata es diferente al Congreso Republicano, que el Congreso Demócrata viene a escuchar y no imponer como hizo el Congreso Republicano, demuestra que las voces que han estado hasta ahora alegadamente hablando por el pueblo puertorriqueño no han sido efectivas”.

Durante la audiencia, Cruz Soto, reclamó que se apruebe un Plan Marshall enfocado en la inversión y asistencia económica para el país, que se elimine la deuda pública y que se derogue la Ley PROMESA.

De no poderse derogar dicha legislación federal, Cruz Soto abogó porque se audite la deuda pública para con esto lograr una renegociación con los acreedores que sea justa y sensible, que vaya a tono con los intereses del país.

Además, sugiere enmendar la Ley para definir como servicios esenciales la educación, la salud y los sistemas de retiro, y con ello sean protegidos sobre cualquier medida de austeridad. De hecho, hizo hincapié sobre la necesidad de proteger a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En otros aspectos, reclamó mayor representación de puertorriqueños dentro de la Junta de Control Fiscal (JCF), incluyendo a miembros de los municipios, estudiantes y facultativos de la UPR, y representantes de los sistemas de retiro.

De igual forma, reiteró que se debe eliminar las leyes de Cabotaje para poder reducir el costo de vida en la Isla.

A su entender estas recomendaciones no pueden implementarse de manera separada a la resolución de status político de Puerto Rico, por lo que insistió en que se debe buscar la manera en que los residentes del país tengan igualdad, autodeterminación y elección sobre la relación que quieren tener con los Estados Unidos.

En su alocución sostuvo que "por 121 años nuestra condición política nos ha sometido a la subordinación, que secuestra nuestras oportunidades para forjar un futuro mejor. Precisamente este marco colonial es el que hace posible la Ley PROMESA. Entiendo la intención del presidente Grijalba de no dejar que la conversación sobre el status de Puerto Rico secuestre este diálogo, pero PROMESA marco un nuevo hito en nuestra condición colonial, al otorgarle a siete funcionarios, no electos por el pueblo de Puerto Rico, la facultad de destinar recursos del país de manera unilateral. Se ha hecho evidente que el objetivo principal de la Junta no es ayudar a los puertorriqueños, sino pagarle a los bonistas, aquellos que invirtieron en Puerto Rico con pleno conocimiento de los riesgos, ahora cobran en dólares los bonos que compraron por centavos”.

"Y para echarles sal a la herida, la Ley PROMESA nos obliga a pagar las operaciones de la Junta para que nos haga daño. El dinero que podemos usar para construir una sociedad justa y equitativa al servicio de los más vulnerables para minimizar la pobreza de casi 1.5 millones de puertorriqueños, para educar a nuestros jóvenes, se lo tenemos que pagar a la Junta para que a toda costa cobren los bonistas”, expuso.

De otro lado, destacó como el paso de los huracanes Irma y María complicaron la situación económica y fiscal que enfrentaba la Isla.

A su juicio, "fue evidente que la respuesta del presidente (Donald) Trump y su administración fue ineficiente, inadecuada y burocrática. Solo unos pocos todavía se atreven a defenderla. Esa incapacidad desató una crisis humanitaria que le costó la vida a casi 3,000 puertorriqueños. Las asignaciones de fondos para la recuperación figuran en los titulares, pero a 17 meses los recursos no han llegado, atrasando así los proyectos de reconstrucción, la tarea en la cual nos enfrentamos es enorme”.
 
La delegación del Comite que esta de visita en Puerto Rico esta compuesta por Grijalva; el portavoz de Minoría, Rob Bishop; la comisionada Residente en Washington, Jenniffer González; y los representante Nydia Velázquez y Darren Soto.

CN

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