Satisface a representante Ramos acción del Tribunal Supremo en defensa sistema de retiro de la UPR

Tras conocer que el Tribunal Supremo denegó la petición de la junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para revisar la decisión que le retiró el control del Fideicomiso del Sistema de Retiro, la representante Lourdes Ramos dijo que, desde su inicio, este fue un pleito innecesario porque deben ser los empleados, y no el patrono, los que controlen las decisiones sobre sus aportaciones.

"Por fin se detiene la empecinada actitud de la junta de Gobierno de ser juez y parte; de no pagar debidamente las aportaciones a las que estaba obligada y debía, así como de limitar beneficios a su propia conveniencia. Decididamente, todos los que defendemos a la Universidad, hemos triunfado”, acotó Ramos.

En septiembre pasado, un panel del Tribunal de Apelaciones había determinado remover a la junta de Gobierno de la UPR como el cuerpo rector del Sistema de Retiro "por su incumplimiento sustancial con su deber de fiducia”.

En su lugar, declaró como fiduciario a la Junta de Retiro de la UPR, tras un proceso judicial que comenzó en 2018.

Ramos, quien por años ha liderado los esfuerzos para que la junta de Retiro de la UPR fuera el ente fiduciario, estableció que la opinión le da la razón de que la junta de Gobierno protegía los intereses del patrono contra los beneficios a los jubilados y participantes del sistema.

"Les hice frente y ya podemos mirar con satisfacción que hemos eliminado un escollo que parecía insalvable”, afirmó.

Durante el pasado cuatrienio,  la legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó el P de la C 2572, para crear un Sistema de Retiro conforme a la Escritura de Confirmación y Reconocimiento de Fideicomiso del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico otorgada el 29 de junio de 2016.

"Este fue un proyecto de consenso trabajado con la Asociación de Profesores Universitarios (APPU), con la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND), el Sindicato de Trabajadores de la UPR, la Asociación de Profesores del Recinto de Mayagüez, Asociación de Supervisores y Jubilados, FleuRUM, la Asociación de Jubilados de la UPR y la propia Junta de Retiro de la Universidad. Todos ellos cooperaron en la redacción y lo avalaron, tras varias reuniones realizadas”, recordó.

El proyecto promovido por Ramos pretendía detener la intención de la anterior junta de Gobierno de cerrar el sistema y convertirlo en una cuenta 401k, menoscabando los derechos adquiridos.

Aunque aprobado por unanimidad en la Cámara, problemas en el trámite legislativo impidieron que la medida se convirtiera finalmente en ley.

No obstante, Ramos citó que, con la decisión del Apelativo y ahora con la no intervención del Supremo, se allana el camino para que los 18,000 participantes del sistema decidan el futuro del mismo, sin que la junta de Gobierno pueda continuar tomando decisiones limitando su solvencia.

Esto es así, explicó Ramos, porque la Junta estaba condonando las deudas que tenían con el fideicomiso. La UPR tiene una deuda de sobre $4,000 millones con el fondo de retiro de sus empleados, pues por años incumplió con su aportación patronal anual.

Ramos aseguró que continuará en su lucha para garantizar un retiro digno para todos los empleados de la UPR así como del sector público. INS