El Senado aprobó el su sesión del martes el Proyecto de la Cámara 650 con enmiendas que ordena que se celebre un referéndum para que los miembros del Negociado de la Policía determinen si desean recibir el Seguro Social.  

Según se informó en declaraciones escritas, el gobierno tendrá 30 días laborables, una vez el proyecto sea convertido en ley, para gestionar con el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS, por sus siglas en inglés) "cualquier proceso viable” para la otorgación del beneficio de Seguro Social federal a los actuales miembros del rango del Negociado de la Policía.

El proyecto pasa nuevamente ante la consideración de la Cámara de Representantes luego de que el Senado le hiciera varias enmiendas. De concurrir con las enmiendas, el proyecto estaría listo para la firma del gobernador.

Tanto el DSP como la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Concilio Nacional de Policías, el Sindicato de Policías Puertorriqueños, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Justicia se expresaron a favor de la medida de la autoría de la representante Lourdes Ramos.  

"De surgir un proceso más rápido y viable, por parte del IRS para la otorgación del Seguro Social el gobierno local concluirá el proceso para la ortorgación del mismo en un máximo de 45 días calendarios”, reza la medida.

En caso de que el IRS no disponga de un proceso más ágil, el secretario del DSP, realizará un referéndum en un máximo de 60 días laborables luego de que el gobernador estampe su firma en el proyecto cameral.

La votación del referéndum se hará en toda la Isla conforme a los procedimientos que adopte un comité que será integrado por no menos de cinco miembros entre estos el comisionado Henry Escalera y un representante del Seguro Social federal.

La mayoría afirmativa requerida será de un 50 por ciento más un voto de los miembros de la Policía.

Según la medida, de la mayoría de los miembros de la Policía votar a favor de recibir el Seguro Social, el Departamento de Hacienda procederá a trabajar acuerdos entre las agencias locales y federales. Asimismo, y con la anuencia de la OGP y el secretario del DSP, deberá identificar los fondos necesarios para cubrir la aportación patronal correspondiente y el ajuste de sueldo "suficiente” para costear la aportación individual aplicable.

De otra parte, el Alto Cuerpo aprobó además que se realice una investigación sobre todo lo relacionado al Registro de Ofensores Sexuales. La Resolución del Senado 902 de la autoría de la senadora Zoé Laboy Alvarado ordena la Comisión de Seguridad Pública del Senado investigar la efectividad del proceso utilizado para registrar a los ofensores así como la frecuencia con la que se actualiza la información y los recursos humanos y económicos disponibles para asegurar su óptimo funcionamiento a tenor con la política pública establecida.

La medida en cuestión indica que existen estudios que establecen que solo el 50 por ciento de las personas convictas por violación no reincide una vez salen de prisión. Eso significa que una de cada dos personas con historial criminal por agresión sexual reincidirá en actos de violación, se expone en la medida.

Así mismo la pieza legislativa explica que el 9 de agosto de 2004, se aprobó la Ley 266, la cual estableció como política pública la necesidad de proteger la comunidad contra actos constitutivos de abuso sexual y abuso contra menores. Además, instituyó el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores. Según reza la Ley, el Registro es un medio para garantizar la seguridad, protección y bienestar general de los sectores más vulnerables.

Estas fueron algunas de las medidas aprobadas. El próximo día de sesión será el miércoles a las 3:00 de la tarde.

CN