A pesar de advertencias de irregularidades hechas desde el interior del comité de campaña y de las deficiencias referidas tras una auditoría del Contralor Electoral sobre pagos hechos durante el Verano de 2019, el Departamento de Justicia despachó como un asunto administrativo los hallazgos y lleva más de dos años en otra investigación que no ha dado resultados ni incluye a funcionarios públicos.

En los siete meses que siguieron la renuncia del exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares, su comité político vació las arcas y gastó más de $300,000 del dinero recibido de sus donantes para cubrir gastos como una oficina nueva en Guaynabo, encuestas, servicios profesionales y deudas de viajes del exmandatario durante su tiempo en La Fortaleza.

Por Wilma Maldonado Arrigoitía y Luis Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo