La Contraloría detectó irregularidades en las operaciones fiscales del municipio de Santa Isabel

 La Contraloría detectó irregularidades en las operaciones fiscales del municipio de Santa Isabel.

Un informe revela que el exalcalde Enrique Questell Alvarado designó de forma interina y le otorgó un diferencial como directora de Finanzas a una empleada de la Oficina de Finanzas que tenía un bachillerato en Artes con concentración en Historia. 

Al respecto, la Contraloría recomendó a Justicia "considerar esta situación para que tome las medidas pertinentes”.

Además, el exalcalde designó como ayudante especial encargada de la Oficina de Recursos Humanos a una oficinista transitoria con preparación en enfermería y sin bachillerato en la especialidad requerida para ocupar el puesto. 

"Estas situaciones contrarias a la ley y al Plan de Clasificación y Retribución de Empleados del Servicio de Confianza de 2010, podrían causar que las decisiones y acciones de estas empleadas, sean objetadas en perjuicio del municipio”, indicó el documento.

La auditoría señala también que se pagaron de forma ilegal 5,050 dólares a una compañía de ingeniería y diseño, por una enmienda al contrato original que nunca se realizó ni formalizó. 

El pago se realizó mediante una orden de compra y un comprobante de desembolso. 

La entonces directora de Finanzas, tras un señalamiento de los auditores de la Oficina del Contralor, solicitó a la compañía de ingeniería, cuyo dueño era su hermano, la devolución de dicho pago. 

De hecho, el contrato aludido fue firmado por el padre de la directora de Finanzas en calidad de director de Operaciones. 

Esta persona, que también es ingeniero, mantiene contratos con el municipio a través de otras compañías de su propiedad. 

La situación se refirió a la Oficina de Ética Gubernamental el 12 de diciembre de 2018.

El municipio no proveyó para examen de los auditores de la Oficina del Contralor, los cinco comprobantes de desembolso por 25,250 emitidos a favor de dicha compañía. 

La situación, contraria a la legalidad vigente, impidió verificar en todos sus detalles, los servicios prestados por el contratista, así como la corrección de los desembolsos efectuados.

A su vez, el informe revela que, al 31 de marzo de 2019, el municipio debía un total de 2,551,087 dólares a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y a Hacienda. 

Esta deuda, que incluye cargos por intereses y penalidades, agravó la situación fiscal del municipio y afectó los recursos que deben recibir las entidades gubernamentales referidas. 

La auditoría establece que en 2016 Questell Alvarado impartió instrucciones de no entregar información ni documentos ni que se realizaran entrevistas a los funcionarios, sino sólo a través de la oficial de enlace. Luego notificó a los auditores de la Contraloría la suspensión indefinida de la auditoría hasta conversar con la Contralora sobre el Informe de Auditoría M-17-11 de 2016. 

La secretaria del presidente de la Legislatura Municipal notificó a los auditores de la Oficina del Contralor, que recibió instrucciones de no entregar documentos ni información. 

La Contralora le cursó carta al alcalde el 23 de noviembre de 2016 advirtiéndole sobre las repercusiones de continuar obstaculizando los procesos de auditoría.

Los auditores nunca pudieron evaluar la confiabilidad de los datos procesados por los sistemas de información relacionados con los comprobantes de desembolso y transacciones de nómina, ya que la entidad se negó a facilitar la información solicitada.

Estas situaciones contrarias a la Constitución y a la Ley 9 del 24 de julio de 1952, está tipificada como delito grave en la Ley 37 de 2004 ("para tipificar como delito grave el que cualquier persona obstruya, demore o impida una investigación o auditoría de la Oficina del Contralor”). 

Además, el Informe recomienda al secretario de Justicia que tome las medidas que estime pertinentes al respecto.

El informe también comenta que el municipio registró déficits acumulados en el Fondo Operacional de 5,479,220 y 6,824,806 para los años fiscales de 2017 y 2018. 

La auditoría le refirió al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en el 2019, un posible conflicto de interés de un asesor contratista del municipio cuyo hijo también contratista, ejercía funciones de representante, director de operaciones, gerente, diseñador e inspector de los proyectos de la compañía de su padre.

El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2014 al 31 de mayo de 2018.INS