Senador del PIP radica proyecto para crear Ley que viabilice el acceso a la justicia de las personas sordas

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció el domingo la radicación del Proyecto del Senado 663 que busca crear una Ley para viabilizar el acceso a la justicia de las personas sordas en Puerto Rico.

"Uno de los principales calvarios que padecen las personas sordas en Puerto Rico es el tener que enfrentar un sistema judicial que no tiene un tratamiento uniforme y garantizado para esta comunidad. Esto en ocasiones resulta en graves injusticias y violaciones a sus derechos constitucionales. Ninguna disposición legal, ni la jurisprudencia, ha atendido de manera clara, específica y orgánica las necesidades y barreras que confronta la comunidad sorda en su interacción directa con los tribunales de justicia, sea en casos criminales, civiles o administrativos", indicó el senador independentista en conferencia de prensa.

Dalmau Ramírez  sostuvo que "la falta de un intérprete adecuado en cualquier etapa de un procedimiento criminal, incluida la vista de causa probable para arrestar, coloca a la persona sorda en una desventaja sustancial frente a la maquinaria penal del Estado, y representa un menoscabo inaceptable de su derecho fundamental a no ser privado de su libertad sin el Debido Proceso de Ley”.

La medida -que fue trabajada en colaboración con el licenciado Juan José Troche Villeneuve, asesor legal de "MAS" y colaborador del Proyecto "SAL por los Sordos" (Programa de Servicios Orientados a la Representación y Defensa de los Sordos y Sordas)- se conocerá como la "Ley para viabilizar el acceso a la justicia de las personas sordas" y enmienda la Ley 38-2017, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, las Reglas de Procedimiento Civil, las Reglas de Procedimiento Criminal, las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores y las Reglas de Evidencia.

"Como consecuencia de esta falta de especificidad jurídica conocemos de casos recientes, incluso reseñados por la prensa, en que personas sordas han sufrido desahucios, la remoción de sus hijos(as) menores de edad y la pérdida de su libertad sin la intervención oportuna de un(a) intérprete, en detrimento de sus derechos constitucionales y estatutarios. Acciones insensibles y atropellantes como estas no pueden continuar sucediendo en nuestro país, y menos con el aval del Estado", subrayó Dalmau Ramírez.