Líder del PIP exige destitución funcionarios supuestamente vinculados con hostigamiento sexual en Turismo

 La secretaria de Asuntos de la Mujer y Género del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Edda López Serrano exigió el miércoles al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares que destituya a los funcionarios supuestamente vinculados en casos de hostigamiento sexual en la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

Se trata de Alfonso Orona, quien es el principal asesor del gobernador Ricardo Rosselló Nevares; Christian Sobrino, representante ante la Junta de Control Fiscal (JCF) y el jefe de Recursos Humanos de la CTPR, Jovani Narváez, quienes  fueron referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por la procuradora interina de la mujer, Carmen Lebrón González.

"Si el gobernador Rosselló Nevares realmente está comprometido con la erradicación del hostigamiento sexual, tiene que destituir a Orona, Sobrino y Narváez. Llama la atención que en este caso vemos el mismo patrón que ha usado el gobierno cuando figuras poderosas de su partido cometen actos de hostigamiento sexual y violencia de género: solicitar espacio para una investigación que dilata la justicia”, declaró López Serrano en declaraciones escritas en las que pidió al mandatario que actúe con firmeza y adopte una política de cero tolerancias hacia el hostigamiento sexual.

López Serrano alegó que en el gobierno se suele sacar de la palestra pública o despedir sin consecuencias a perpetradores de hostigamiento sexual o violencia de género que forman parte del gabinete o su círculo de poder. "El mejor ejemplo es Alfonso Orona, asesor legal del gobernador Rosselló, quien exigió confidencialidad a las mujeres hostigadas por Izquierdo, pero optó por encubrir al hostigador”, dijo.

La procuradora interina informó el martes que la investigación de su oficina determinó que el exdirector ejecutivo de la CTPR, José Izquierdo tuvo que ver en varios casos de hostigamiento sexual y que se emitió una multa de 20 mil dólares.

Para el mes de junio de 2017 tres mujeres que laboraban en la CTPR alertaron a funcionarios de La Fortaleza sobre un supuesto patrón de hostigamiento sexual y laboral de Izquierdo, quien luego fue removido de su cargo a principios de enero del año en curso. Luego del despido de Izquierdo, una de las supuestas víctimas (que fue relocalizada en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio), hizo una denuncia formal, razón por la que en esa dependencia se activó inmediatamente el protocolo.

"Cuando Jiovanny Narváez, Christian Sobrino y Alfonso Orona advinieron en conocimiento del hostigamiento sexual cometido por el pasado director de la Compañía de Turismo, José Izquierdo III, incurrieron en acciones y omisiones en violan la Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo”, alegó López Serrano.  

Explicó que la Ley 17 de 1988 requiere que patronos tengan una política clara sobre el hostigamiento sexual, la divulgue a su empleomanía, investigue cualquier querella inmediatamente y establezca penalidades y acciones que detengan el ambiente hostil que resulta de ese hostigamiento.

Alegó también que este caso, que implica a tres exempleadas de la Compañía de Turismo, ejemplifica prácticas inaceptables que resultan en impunidad para quienes perpetran y encubren al hostigamiento sexual.

"Estas empleadas siguieron cabalmente los protocolos: denunciaron ante Narváez, director de Recursos Humanos de Turismo, la conducta indeseable de la figura máxima de la agencia. Ante su inacción, escalaron las querellas a oficiales de mayor rango que, en lugar de intervenir con el hostigador, transfirieron a las empleadas a otras dependencias. De hecho, Izquierdo permaneció en su puesto durante 8 meses, cuando fue destituido una vez el caso llegó a la luz pública”, apuntó.  

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