Refiere al gobernador a las autoridades por supuestas violaciones a la ley relacionadas al #TelegramGate

El aspirante a la Alcaldía de San Juan por el Partido Popular, licenciado Armando Valdés Prieto, refirió el lunes al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico y al Departamento de Justicia por supuestas violaciones de Ley relacionadas al #TelegramGate.

"Más allá de la humillación y la falta de respeto a las mujeres, las minorías y las comunidades LGBTTQI, el Gobernador ha cometido múltiples violaciones de Ley en su famoso chat,” sentenció Valdéz Prieto en comunicación escrita.

Detalló las leyes violadas por el gobernador al destruir el chat. La Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico define un documento como "todo papel, libro, folleto, fotografía, película, microforma, cinta magnetofónica, mapa, dibujo, plano, cinta magnética, disco, vídeo cinta o cualquier otro material leído por máquina y cualquier otro material informativo sin importar su forma o características físicas. Incluye también los generados de forma electrónica, aunque nunca sean impresos en papel u otro medio distinto al creado originalmente” (énfasis suplido).

Dicha Ley, explicó, obliga a los oficiales del gobierno a conservar todo documento que se origine "de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de asuntos públicos que se hayan creado y que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de esta ley se haga conservar que se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal. Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.” (énfasis suplido).

Valdés Prieto explicó que las transcripciones del Telegram evidencian que el Gobernador y su equipo íntimo lo utilizaban para conducir asuntos públicos. "Adicionalmente, en las acusaciones de Julia Keleher y BDO, el gobierno de los Estados Unidos estableció en la alegación 140 que oficiales del gobierno utilizaban Telegram para conducir gestiones oficiales y comunicarse entre sí. No hay duda, la instrucción en el gobierno de Rosselló era esconder las comunicaciones oficiales en chats secretos y encriptados,” sentenció el también abogado.

El Código Penal, en su Artículo 257, define la alteración o mutilación de propiedad como un delito. El mismo reza: "Todo funcionario o empleado público que esté encargado o que tenga control de cualquier propiedad, archivo, expediente, documento, registro computadorizado o de otra naturaleza o banco de información, en soporte papel o electrónico que lo altere, destruya, mutile, remueva u oculte en todo o en parte, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.” (énfasis suplido).

Para Valdés, existe evidencia suficiente para comenzar una investigación criminal que determine si el Gobernador y los integrantes del chat violaron la Ley. "Igual, es imperativo que el Departamento de Justicia solicite, y conserve, cualquier otro chat en Telegram, Whatsapp, Signal o cualquier otra aplicación electrónica utilizada por Rosselló para manejar asuntos públicos. Ya el Gobernador admitió que destruyó evidencia, la Secretaria de Justicia tiene que actuar ahora y prevenir nuevas violaciones a Ley,” expresó el líder popular.

Presentó varios ejemplos de casos donde la Oficina de la Contralor ha investigado funcionarios por destruir documentos electrónicos. Incluso, la Contralora ha incautado equipos privados de funcionarios públicos ya que, según Yasmín Valdivieso, "en el momento en que tú empieces a utilizar propiedad tuya para trabajar, ya nosotros podemos entrar y revisarla”.

Valdés Prieto presentó sus denuncias por escrito ante la Oficina de la Contralora y el Departamento de Justicia. Al finalizar, reiteró en su pedido a que el Gobernador renuncie inmediatamente por sus múltiples violaciones de Ley y faltas de carácter. También, exigió a los que aspiran a la Alcaldía de San Juan por el PNP a unirse a las gestiones para residenciar al Gobernador. 

"La crisis política que consume a Puerto Rico requiere acción de todos nosotros. El Gobernador se tiene que ir ya. Miguel Romero, Eddie Charbonier y Zoé Laboy, con su complacencia, se han convertido en cómplices de una conspiración criminal que nació en la mente y en el celular de Ricardo Rosselló”, concluyó.

CN