El Gobierno se enfrenta a fallo que garantizaba activos de la AEE
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El Ejecutivo de San Juan se enfrenta a partir de hoy a una decisión judicial que establece que la magistrada encargada de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico no podrá rechazar una solicitud de un acreedor para intervenir en los activos de la eléctrica estatal.

El Gobierno suma así un nuevo golpe a su complicada situación al tratarse de una decisión que acaba con la seguridad que aportaba la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en Washington en 2016, la cual temporalmente "congelaba" el pago de la deuda.

El Primer Circuito de Apelaciones en EEUU determinó el miércoles que la jueza responsable de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, Laura Taylor, no actuó de forma correcta al denegar una petición de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que se levante la suspensión automática de litigios provista en la Ley Promesa

La decisión judicial permitirá ahora que pueda nombrarse un responsable para la AEE encargado de evaluar el pago de la deuda a los acreedores.

La decisión judicial señala además que los acreedores de la AEE podrán presentar ante la jueza Taylor un recurso para que se levante la suspensión automática de litigios en la eléctrica pública.

El Primer Circuito de Apelaciones entiende que la suspensión automática de litigios supondría dejar a los acreedores sin los remedios que otorga la ley para proteger sus intereses en el caso de la AAE, una compañía con una deuda multimillonaria que está en proceso de reestructuración.

La decisión establece que la denegación por parte de Swain a los acreedores no limita que un tribunal pueda levantarla la suspensión automática de litigios y el nombramiento de un síndico que sea quien decida qué parte de la deuda puede o no pagarse.

El fallo tiene implicaciones para acreedores que llevan cerca de un año reclamando a la jueza Taylor que levante la suspensión automática de litigios.

La decisión judicial llega una semana después de que se anunciara un acuerdo para modificar la deuda de la corporación pública.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció el pasado 31 de julio que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) llegaron a un acuerdo con el Grupo Ad Hoc de acreedores de la AEE.

"El acuerdo representa un gran paso hacia adelante en la transformación del sector energético de Puerto Rico. Como hemos expresado en el pasado, la reestructuración de las deudas y obligaciones de la AEE es crítica para completar nuestra visión de un sector energético centrado en el cliente con tarifas que sean financieramente viables y que promuevan el desarrollo económico en la isla", dijo entonces Rosselló.

Bajo el nuevo cuerdo, los acreedores tendrán la oportunidad de intercambiar sus bonos de la AEE por dos tipos de bonos nuevos.

Los bonos serie A tendrán aproximadamente 67,5 por ciento del valor de los bonos existentes, mientras que los bonos serie B serán bonos de "crecimiento" que estarán vinculados a la recuperación económica de Puerto Rico.

Los términos del acuerdo también establecen un cargo de transición fijo y sujeto a un máximo predeterminado, eliminando así el riesgo de aumentos imprevistos en tarifas para los clientes de la AEE, según el acuerdo.

Las partes al acuerdo acordaron colaborar en las próximas semanas para negociar un acuerdo definitivo de apoyo a la reestructuración, el cual fue anunciado el 31 de julio.

El acuerdo de reestructuración prevé un ahorro estimado de 2.200 millones de dólares en el servicio de la deuda para el período de 2018 a 2022.

EFE


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