La vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, presentó el Proyecto 1649, que prohíbe que los establecimientos comerciales impongan cargos por las bolsas que suplen a sus consumidores en sustitución de las bolsas plásticas desechables.

El proyecto se sometió por petición, y responde a una preocupación ciudadana formulada por Ana Luisa Díaz. Ramos accedió, buscando proteger el presupuesto familiar  del consumidor, de los jubilados y del público en general.

Ramos estableció que la Ley 247-2015, conocida como Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas, tiene fines meritorios muy encomiables en la protección del medio ambiente, pero que el estatuto tuvo el efecto de poner la carga del deber de proteger el medioambiente únicamente al consumidor.

"Para el comerciante, quien es el que ofrece para la venta sus productos, resultó un alivio, pues dejó de comprar bolsas o empaques y transfirió el costo a cada ciudadano, mediante la venta de bolsas reusables”, señala la legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Agregó que "la protección del medio ambiente es un deber tanto del gobierno como de los consumidores y los establecimientos comerciales. Por lo tanto, es necesario que la carga sea balanceado para todas las partes”.

Otro aspecto detallado por Ramos es que luego de que el comerciante eliminó un costo inherente a la operación de su negocio, le impuso al consumidor adquirir bolsas a un precio superior. Además, las nuevas bolsas llevan el logo de la empresa, con lo que logran promocionar su negocio a través de ellas, sin que el consumidor reciba paga alguna por eso.

"Todas las medidas que tengan el propósito de cumplir con la responsabilidad de proteger al ambiente, son bienvenidas. Pero la carga mayor no puede ser para el consumidor”, agregó la vicepresidenta cameral. INS

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