El gobernador Ricardo Rosselló Nevares expresó el miércoles que no se puede tomar como norma los incidentes que han ocurrido en su administración, en donde en principio se da a conocer una información que luego es puesta en duda por sus propios funcionarios o que inclusive él alega desconocimiento.

"Se está cogiendo un caso en particular y extrapolándolo a todo lo que está ocurriendo. Eso no es intelectualmente íntegro. Aquí hay muchas cosas que están ocurriendo en el gobierno y las estamos trabajando a diario”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

"Aquí estamos trabajando con los asuntos de la renegociación de la deuda, cambios estructurales dentro de nuestro gobierno. Política pública que tenemos que llevar a la legislatura y tenemos que implantar acá. La gente tiene los elementos de juicio para interpretar lo que ellos quieran”, añadió.

Rosselló Nevares se refirió al planteamiento de que tardó cuatro meses en enterarse de que había dado el visto bueno para comprar un vehículo blindado, para su transportación. Una vez se dio por entendido de que el costo de la unidad rondaba los 250 mil dólares, revirtió la decisión y ordenó que el vehículo fuera transferido a la Policía, específicamente a la unidad especializada SWAT.

No obstante, se han dado otros incidentes en los cuales las reacciones del gobernador han tomado meses o han sido revertidas después de dar su consentimiento. En la controversia sobre los supuestos acosos sexuales del destituido director de la Compañía de Turismo, José Izquierdo, informes de prensa apuntan a que las reuniones en La Fortaleza de las supuestas víctimas con los asesores principales de Rosselló Nevares (Alfonso Orona y Christian Sobrino) fueron en junio de 2017. La destitución de Izquierdo fue en enero de 2018 o 6 meses después.

Luego, cuando se dio a conocer el nombramiento de Walter Higgins, tercero, como principal oficial ejecutivo (CEO) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Rosselló Nevares alegó que se enteró del mismo en una conferencia de prensa que se celebró el 20 de marzo. 

De otra parte, el 6 de julio, la Junta de Gobierno de la AEE aprobó un cambio de sillas. De manera que Higgins, tercero, renunciaba a su posición y pasaba ser parte de la Junta de Gobierno, en donde tomaba el puesto de Rafael Díaz Granados, el cual había sido escogido para ocupar el puesto de CEO de Higgins tercero. En esa reunión – en la que participaron dos de sus ayudantes que pertenecen a la Junta (Christian Sobrino y María Palou)- se acordó que la compensación de Díaz Granados seria de 750 mil dólares.  Lo anterior se desprende de expresiones hechas por el entonces presidente de la Junta, Ernesto Sgroi.

Posteriormente, el primer ejecutivo da a conocer el 11 de julio que Higgins, tercero, renunciaba a su cargo por razones estrictamente familiares y que continuaría colaborando en la corporación pública, pero no explicó de qué manera. Antes de que acabara la conferencia de prensa, Higgins, tercero, escribió una comunicación interna a sus empleados en la explicaba que su salida respondía a las discrepancias económicas que hubo con su salario y que a petición del gobernador formaría parte de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno de la AEE dio a conocer también que Díaz Granados sería el sustituto de Higgins, tercero, y que cobraría 750 mil dólares.

Doce horas más tarde -y luego de la crítica de figuras de su propio partido- el gobernador revirtió la aprobación del salario y exigió la renuncia a los integrantes de la Junta.

"Que alguien me puede imputar que pude haber tomado la decisión antes, fenómeno, tan pronto lo vi, tomé acción”, sostuvo.

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