FEDERACIÓN DE ALCALDES SE OPONE AL PROYECTO DE REFORMA CONTRIBUTIVA

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico catalogó el proyecto de reforma contributiva como una propuesta que "tendrá un impacto fuertemente negativo en todos los municipios”, con un impacto más crítico en el caso de los ayuntamientos pequeños que tienen menos instrumentos para lidiar con los cambios necesarios para la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Durante una ponencia preparada para la Comisión de Hacienda del Senado, leída por el presidente de la entidad de alcaldes, Héctor O’Neill, este hizo referencia a tres alternativas de proyecto contributivo (además de la del IVA) que incluyó la compañía de contaduría KPMG en su informe al Gobernador, una de las cuales fue mantener el sistema de Impuesto sobre Venta y Uso (IVU).

De ser esa la alternativa que fuera a adoptarse en sustitución  de la del IVA, el también alcalde de Guaynabo sugirió que el recaudo por ese concepto sea hecho exclusivamente por los municipios. En abono a su sugerencia, O’Neill hizo referencia a los datos oficiales que evidencian que la fiscalización y captación que ha realizado el Departamento de Hacienda con el IVU "ha sido pobre e ineficiente”.

En contra, hizo referencia a los datos de la propia agencia que establecen que el total de captación del IVU estatal logrado por Hacienda es de 56%, mientras que la captación de los tributos municipales, incluyendo el IVU municipal, promedia entre 75% y 85%.

Una de las razones que adujo el presidente de los alcaldes federados para esa diferencia es el conocimiento certero que tienen los funcionarios municipales correspondientes de la localización de los comercios y las intervenciones periódicas que hacen para determinar, en una gestión única, el cumplimiento con el pago de las patentes municipales, los arbitrios por construcción y el IVU, entre otras fuentes de ingresos municipales.

O’Neill insistió en que en el proyecto ante la consideración de las cámaras legislativas "no se establece disposición alguna que indique cómo el Estado reducirá los gastos para que el impacto de esta medida sea menor para los ciudadanos”, así como cuestionó que la legislación no está enmarcada en un propósito de desarrollo económico.

Tampoco hay en la medida, planteó el líder de los alcaldes federados, "el compromiso de una reorganización fiscal que haga más eficaz el uso de fondos públicos” que incluya una reducción de gastos, "lo que limitaría la necesidad del gobierno de imponer mayores más y mayores impuestos al pueblo”.

A esos efectos, O’Neill especificó un plan de seis puntos para reducir en al menos $600 millones el actual gasto anual del gobierno. Incluye, entre otras propuestas, reestructurar el Departamento de Educación para reducir sus gastos sin afectar adversamente sus servicios (detalló que actualmente el departamento cuenta con 59,506 empleados, de los que 28,897 (50.2%) son maestros y 26,609 (49.8%) es personal de apoyo, o sea, "por cada maestro el departamento emplea una persona de apoyo… lo que es insostenible en cualquier situación y peor aún bajo la actual crisis fiscal en que se encuentra Puerto Rico”.

También propuso reducir la actual flota vehicular (con excepción de la de la Policía y servicios de emergencia y de ayuda indispensable a ciudadanos), lo que resultaría en una dramática reducción en los gastos por consumo de gasolina, lubricantes, reparaciones y seguros. Además, propuso una reducción de los organismos públicos ubicados fuera de la jurisdicción de Puerto Rico; evaluar la contratación de los seguros del gobierno central y las corporaciones públicas, con la posibilidad de establecer un fondo de reaseguro para todo el gobierno y establecer un banco de propiedades excedentes del gobierno para vender las que sea de rigor con el propósito dual de establecer un fondo especial para la construcción de obra permanente y la promoción de actividad económica.

Otro de los puntos específicos para la reducción del gasto público sería la reestructuración de la Autoridad de Carreteras (AC) para lograr su autosuficiencia o transferir sus funciones al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP); reorganizar la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), estudiando la posibilidad de convertirla en una cooperativa de servicios por sus empleados con alguna ayuda gubernamental, y transferir las funciones del Comisionado de Asuntos Municipales (CAM) al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y fusionar la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) con la del Comisionado de Seguros (OCS).

Desde el punto particular de los municipios, el alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes expuso los siguientes efectos adversos que representaría la implantación del IVA:

Los ingresos de todos los municipios serían mermados debido al aumento en el costo de la vida que conllevaría el IVA, con mayor perjuicio para los pequeños.

En el caso de las patentes municipales, todos los municipios, pero con más peso los pequeños, verían una drástica reducción en sus ingresos, con su repercusión en la construcción de obra pública y la prestación de servicios directos.

Como la actividad económica se vería reducida con la implantación del IVA, los recaudos por contribución sobre la propiedad también se reducirían grandemente.