El legislador del opositor Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico Jesús Manuel Ortiz denunció hoy que el Gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han dejado sin fondos programas sociales prioritarios destinados a prestar servicio a la ciudadanía.

Ortiz reclamó además en un comunicado que la Asamblea Legislativa de la isla reasigne un total de 66 millones de dólares de fondos destinados a áreas no prioritarias en el presupuesto sometido y los destine a aquellos programas y servicios directos de educación especial y seguridad pública.

El legislador sostuvo que el fondo multimillonario que se creó en la versión de la Cámara de Representantes del proyecto para derogar la Ley 80 debe ser utilizado para incentivar la creación y retención de empleos, en vez de destinarlos al despido de los trabajadores en la empresa privada.

"El presupuesto que se evalúa al presente contiene una serie de aumentos que no se justifican y que deben ser 'redirigidos' a las áreas prioritarias", sostuvo.

"El gobernador y la mayoría del PNP, con el aval de la Junta, han escogido que sean los contribuyentes quienes subsidien la mesada de aquellos empleados despedidos por sus patronos privados sin justa causa", resaltó.

Para eso, dijo, "quieren dirigir 100 millones en los próximos tres años mientras las agencias de Gobierno advierten la eliminación de servicios esenciales a la población a causa de enormes recortes presupuestarios".

El Proyecto del Senado 1011, según aprobado por la Cámara de Representantes, establece una aportación inicial a dicho Fondo de 25 millones de dólares durante el año fiscal 2018-2019 y 75 millones de dólares a dividirse entre los años fiscales 2019-2020 y 2020-2021.

La aprobación de este fondo contrasta con lo sucedido la semana pasada, donde varios secretarios de gabinete admitieron ante la Comisión de Hacienda que simplemente no tienen recursos suficientes para mantener sus departamentos operando, denunció el legislador.

Entre éstos, se destaca el recorte de 78 millones destinados para servicios a los niños de educación especial, 38 millones para compra de libros y servicios de transporte escolar, 29 millones para el mantenimiento de planteles, 9 millones para servicios de remedio profesional en educación especial, entre otros.

Ortiz, expresó que "el gobernador Rosselló parece haber escogido poner los intereses de la Junta sobre las necesidades de los estudiantes de educación especial. A preguntas nuestras, la secretaria de Educación, Julia Keleher, admitió que ocho programas de su agencia están en peligro por los millonarios recortes, y que se afectarán también los servicios de internet es las escuelas y la educación vocacional".

Otra precaria situación financiera identificada durante el proceso de vistas es la del Departamento de Seguridad Pública, ya que el propio secretario de la agencia, Héctor Pesquera, confesó las graves necesidades de los distintos negociados, que incluyen la Policía, Manejo de Emergencias, Emergencias Médicas, Bomberos y Ciencias Forenses.

"Los fondos asignados al mal llamado Fondo de Compensación y el supuesto sobrante que el gobierno y la JSF separan para el pago de deuda, deben ser redirigidos de inmediato para atender las necesidades admitidas por los propios secretarios de Rosselló", concluyó.

EFE

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